Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

El proceso de selección de aspirantes a magistrados a la Corte Suprema de Justicia no cubre los requerimientos mínimos de transparencia y legalidad, según el informe presentado por el Movimiento Justicia Transparente, que señaló manejos arbitrarios e ilegales.

El informe cuestionó, además, la idoneidad de los candidatos, por no cumplir con mínimos de moral y probidad en su desempeño profesional, que resta la solemnidad para elegir a los máximos representantes de la justicia del país.

Los denunciantes presentaron este primer informe como una contraloría ciudadana en este proceso de elección secundaria, pero que tienen relevancia pública.

La Federación de Abogados de El Salvador (FEDAES) que por ahora, es la organización que tiene a cargo el proceso de selección de los aspirantes a la Corte Suprema de Justicia, fue denunciada por pedir a las asociaciones 250 dólares, para ser tomados en cuenta en el proceso.

David Morales, de FESPAD, explicó que tienen conocimiento que algunas de las organizaciones de abogados que están dentro de la FEDAES, y han presentado candidatos a magistrado, no han adecuado sus estatutos, como manda la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, que controla el Ministerio de Gobernación.

“Estás organizaciones no pueden demostrar legalmente el número de abogados y abogadas, con que cuentan, de ser elegidos el próximo sábado, estarían infringiendo la ley, es un proceso viciado el que enfrentamos”, explicó.

Asimismo, criticaron la falta de apertura de FEDAES, en el proceso de votación para ser observados por abogados u otros entes gubernamentales.

Zayra Navas, de Pro Búsqueda, afirmó que la participación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en el proceso, debería ser primordial, ya que se trata de una elección para cargos públicos.

“Sabemos que FEDAES se niega a una contraloría y observación del proceso argumentando que es una organización privada, pero aquí se debe garantizar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, y recordemos que el cargo de Magistrado es un cargo público”, acotó.

Asimismo, criticaron que el Consejo Nacional de la Judicatura oculte su listado de 15 aspirantes, que viola la Constitución de la República. Muchos de los abogados presentes afirmaron que podría deberse a la reelección del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia Agustín García Calderón.

Sobre la moralidad de los candidatos el Movimiento Justicia Transparente, señaló que algunos de los actuales aspirantes han sido señalados por la comisión de diversos delitos, como agresiones sexuales, responsabilidad por la comisión y omisión de homicidios y persecución penal contra activistas sociales.