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La Iglesia Católica de El Salvador dijo este domingo que preferiría que fueran juzgados en el país, y no en España, un grupo de militares supuestamente involucrados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres cometido en 1989.

«Yo soy de la opinión que sería preferible que se juzgaran esas personas aquí en el país y no en el exterior», dijo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, en una rueda de prensa en la catedral tras la misa del domingo.

Dos organizaciones de defensa de los derechos humanos presentaron en noviembre ante la Justicia de España una denuncia contra el ex presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y 14 militares por el asesinato de los sacerdotes cometido en la Universidad Centroamericana (UCA) en noviembre de 1989.

En enero, la Audiencia Nacional se declaró competente para investigar a cuatro generales, dos coroneles, tres tenientes, dos sargentos, un cabo y dos soldados por los asesinatos. Esa misma instancia señaló que Cristiani no será investigado.

En El Salvador, la UCA pidió en marzo de 2000 a la Fiscalía General de la República (FGR) la apertura de una investigación de los autores intelectuales de la masacre de los jesuitas.

No obstante, la petición fue declarada improcedente por la FGR, que entre otros aspectos argumentó que el caso no podía ser indagado debido a una ley de Amnistía emitida en 1993 y que perdonó crímenes cometidos durante la guerra civil de doce años (1980-1992).

Este domingo, el arzobispo de San Salvador declaró que «tengo entendido que la ley de amnistía no aplica» en el caso del asesinato de los jesuitas.

El crimen fue cometido el 16 de noviembre de 1989, cuando efectivos del batallón Atlacatl asesinaron a los sacerdotes hispano-salvadoreños Ignacio Ellacuría, rector de la UCA, e Ignacio Martín Baró, vicerrector. También fueron asesinados los sacerdotes españoles Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el cura salvadoreño Joaquín López, la empleada doméstica Elba Ramos y su hija Celina.