María Cerón, Margarita Gutiérrez y Eva Peñate, declaran que tanto ellas como sus hijos han presentado problemas de salud por la intoxicación por plomo. Foto Diario Co Latino/Rodrigo Sura.
Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino
El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), anunciaron que serán querellantes en el Caso Record, a partir del lunes 23 de febrero, día en que presentarán su solicitud ante el Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico, La Libertad.
Carlos Mejía, representante del Movimiento sin Plomo, comentó que por tres años han venido exigiendo justicia para sus hijos e hijas contaminados por altos niveles de plomo en su sangre, que podrían haber dejado daños irreversibles en el desarrollo físico y mental de los menores.
El juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico, La Libertad, hará, este 18 de marzo, la audiencia preliminar, que permitirá a la Fiscalía General de la República, presentar las pruebas y argumentos de acusación contra la empresa Baterías de El Salvador.
“Vamos a insistir para que nuestro caso no caiga en la impunidad, al contar con la presencia del IDHUCA y el CESTA, como nuestros querellantes, serán clave para apoyar las acciones de la Fiscalía y que se nos reconozca como víctimas de la contaminación”, afirmó.
Henry Fino, abogado del IDHUCA, explicó que no obstante, que los propietarios de la Record, Ronald Antonio Lacayo Argüello, Sandra Cecilia Lacayo de Escapini y José Ofilio Guardián Lacayo, estén ausentes en el juicio, no quedarán impunes.
“Van a realizar la vista pública contra los empleados José Reynaldo Trujillo Díaz, Arturo Marenco Carballo y José Edgardo Brito Meléndez. Cuando capturen a los propietarios, si es 50 años después, se reactivará el proceso judicial, porque no prescribe (termina),” argumentó.
Por su parte, el director del IDHUCA, Benjamín Cuéllar, calificó de irresponsable el argumento de la defensa de atribuir la contaminación en los menores, adultos y medio ambiente, por otras fábricas y talleres artesanales que reciclan baterías de vehículos a cielo abierto.
“Si para defender mi delito acuso a otros de las mismas prácticas, no tiene ninguna responsabilidad, eso no es argumento.
Ellos (propietarios), deben demostrar que no han contaminado y cumplir con su responsabilidad si es lo contrario”, acotó.
Mientras, el presidente del CESTA, Ricardo Navarro, exhortó al juez de la causa y Fiscalía a “resistir la presión” de los grupos de poder, y realizar su trabajo a favor del Estado (pueblo salvadoreño) a fin de administrar justicia y que“la Asociación Americana de Pediatría dice que más de siete microgramos de plomo por decilitro de sangre, genera efectos irreversibles; y recordemos que el plomo no es natural en nuestro organismo.
Y ahí reciclaron plomo y las emanaciones contaminaron el medio ambiente y a los residentes, así que, ellos deben pagar”, puntualizó.
