Claudia Solórzano
Redacción Diario Co Latino

El médico del Hospital Nacional de Maternidad, Roberto Tobar, denunció esta mañana ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) amenazas de muerte, que intentan frenar su férrea lucha por los derechos de las mujeres y sus recién nacidos.

“Me llamaron por teléfono diciendo que conocían todo lo que mi familia hacía y que nos asesinarían por represalias”, relató Tobar.

Las amenazas hacia el médico están vinculadas a la constante lucha por la construcción de un nuevo Hospital de Maternidad, que el Gobierno sólo quería “repellar”.

Asimismo, el galeno ha exigido en reiteradas ocasiones la pronta rendición de cuentas sobre el préstamo de 29.9 millones dólares para construir el nuevo edificio de Maternidad.

Y es que, el Ministerio de Salud Pública aún no explica en qué se invirtió el millonario monto del Banco Mundial.

Ante la denuncia del galeno, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, considera que las amenazas constituyen un “retroceso a la incipiente democracia”.

Desde los Acuerdos de Paz, los derechos de las personas deben estar garantizados. Luna afirma que “todo tipo de actos para intimidar a los salvadoreños deberían estar abolidos totalmente”.

Mientras tanto, el procurador abrirá un expediente para investigar el hecho y así activar las instituciones pertinentes como la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, que por obligación deben investigar de oficio.

Según el reconocido abogado, José María Méndez, las Fiscalía debería rastrear las llamadas telefónicas para determinar a los involucrados.

“No se puede estar amedrentando a los luchadores sociales, quienes lo único que tratan es de velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales”, señaló Méndez.

La demanda del médico fue respaldada por la Comisión de los Trabajadores del Hospital de Maternidad, el Foro para la Defensa de la Constitución y la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud.

Aunque los demandantes no creen en la efectividad de las instituciones judiciales, pretenden sentar un precedente de estos hechos para que se respeten los derechos humanos.