Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

Los familiares de reos comunes y pandilleros salieron a las calles esta mañana para exigir al Estado salvadoreño que “mejore el sistema carcelario”. Las marchas que salieron, una desde la Juan Pablo II dirigida por los familiares de los reos comunes, y otra desde el Parque Cuscatlán, representada por los familiares de los pandilleros recluidos, culminaron en la Asamblea Legislativa.

Durante las marchas, los familiares aseguraron que se “debe de regular el sistema de visitas en los centros carcelarios” e hicieron énfasis en que la Ley Penitenciaria no ofrece los suficientes beneficios a 20 mil 500 internos que sostiene el sistema. La actividad se desarrolla en medio de una huelga generalizada en los centros penales del país, luego que al menos nueve mil internos, de once centros, decidieran “no seguir las reglas” y someterse a “desobediencia” pacífica.

La huelga generalizada al interior de los centros penales inició el sábado en horas de la tarde en la cárcel de Cojutepeque. Los internos se amotinaron en la cancha y decidieron no ingresar a sus celdas hasta que la dirección de penales acceda a realizar algunas medidas que están pidiendo.

Entre las demandas que exige el grupo de reos del penal de Cojutepeque, según se conoció, está regular la visita familiar e intima, eliminación de planes educativos y alimentación. Después de la “desobediencia” pacífica, otros centros penales se fueron sumando en el transcurso de la tarde y durante el domingo, según informó el director de la dirección de Centros Penales, Gilbert Cáceres.

El director reveló que los centros que se sumaron a la medida son: Apanteos de Santa Ana, Sonsonate en Sonsonate, Quezaltepeque en La Libertad, Chalatenango en Chalatenango y Sensuntepeque en Cabañas. Asimismo, los penales de San Vicente, Usulután, el de Ciudad Barrios en San Miguel y el de San Francisco Gotera en Morazán.

Cáceres aseguró que esta medida lo que busca es desestabilizar el sistema carcelario del país y responsabilizó a “fuerzas oscuras externas” a los penales de estar incitando a esta medida.  Aunque recalcó que no tiene suficientes elementos para responsabilizar “con nombres” y serán las investigaciones las que determinen esta hipótesis.

El director reveló que los reos comunes y pandilleros que sostienen esta iniciativa han enviado una serie de “cartas” donde explican la decisión de la rebeldía.

Asimismo, dijo desconocer cuándo podrían los internos levantar su desobediencia, aunque fuentes policiales han iniciado la negociación.

La dirección de penales decretó estado de emergencia en todo el sistema para evitar que se puedan “registrar fugas o revueltas”, aunque hasta el cierre de esta edición no se registran ninguno de los dos hechos en los centros del país.

El sistema carcelario del país dispone de 20 mil 500 reos condenados y no condenados. Al cierre de esta edición en horas del mediodía, se informó que a la medida se sumaron los internos del sector dos del penal de Mariona. Según se informó, los centros penales están en calma y los internos han recibido sus horas de comida con normalidad.