Sonia Escobar
Redacción Diario Co Latino

Paro de labores de empleados de varios centros judiciales, muchos casos perdidos por la Fiscalía General de la República (FGR), reformas a los códigos Procesal Penal y Mercantil, y una fuga de reos de las bartolinas del Centro Judicial “Isidro Menéndez” fueron los sucesos que marcaron este año al sistema judicial.

Durante los primeros meses del año, empleados de tribunales como el Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado y del Juzgado de Familia de Zacatecoluca, pararon labores durante varias semanas debido a diferencias entre trabajadores y las juezas de ambos tribunales.

La falta de entendimiento entre ambas partes provocó que los sindicalistas cerraran las sedes judiciales por varios días, lo que motivó a que las juezas de ambos tribunales despidieran a varios de los sindicalistas quienes respondieron con una huelga de hambre por varios días para exigir el reinstalo de los huelguistas y la destitución de ambas juezas.

Ante la falta de respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los sindicalistas cerraron el Centro Judicial Isidro Menéndez, lo que causó retrasos en procesos y audiencias. Además, cerraron la sede de Medicina Legal de San Salvador, lo que impidió que personas cuyos familiares perecieron ahogados por el desborde del río en la colonia Málaga, pudieran entrar a ver los cadáveres recuperados, y que elementos de dicha institución pudieran salir a hacer reconocimientos y levantamientos de cuerpos.

Luego de casi 15 días de protestas los sindicalistas levantaron el paro de labores y la huelga de hambre a cambio de una oferta de la CSJ de tomar una decisión respecto a sus peticiones, sin embargo, hasta la fecha no se ha resuelto nada concreto.

En cuanto al trabajo realizado por la FGR al presentar casos ante jueces, dicha entidad perdió la mayoría de los juicios durante el presente año.

Ejemplo de lo anterior es el caso de la liberación por parte de un tribunal de sentencia, de Edwin René Sánchez Canjura, alias “El Profe”, quien era procesado por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado imperfecto en grado de complicidad, en perjuicio de varios elementos de la Unidad del Mantenimiento de Orden (UMO) de la PNC, durante los disturbios cerca de la Universidad de El Salvador del 5 de Julio de 2006.

Dos de los tres magistrados del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, determinaron que las pruebas presentadas por la fiscalía en ese caso no eran determinantes para incriminar a Sánchez Canjura, por lo que éste recuperó su libertad luego de permanecer algún tiempo en prisión.

Según un balance presentado por un vocero de los tribunales de San Salvador, delitos como robos, extorsiones y homicidios fueron los que encabezaron la lista de casos que se conocieron en los diferentes juzgados de sentencia.

Durante este año se estima que alrededor de 550 vistas públicas se frustraron debido a que testigos o imputados no comparecieron ante los tribunales.

Sólo en San Salvador se realizaron mil 440 vistas públicas, en 695 de ellas se logró condena para los imputados y en 799 se declararon medidas absolutorias o sobreseimientos definitivos.

Además de protestas y casos perdidos, se presentaron propuestas de reformas a los Códigos Procesal Penal y Mercantil.

De este último se aprobó que entre en vigencia en enero del año 2010 para garantizar que los jueces y abogados se adapten a las reformas y puedan aplicarlo de manera eficiente.

Un suceso que puso en tela de juicio la seguridad de las bartolinas del Centro Judicial “Isidro Menéndez” fue la fuga de 14 pandilleros, quienes a finales de noviembre se escaparon con facilidad de las celdas de dichos tribunales.

A la fecha se ha logrado la recaptura de seis de ellos. Sin embargo, las condiciones de las estructuras y una aparente falta de elementos de seguridad del órgano judicial siguen siendo cuestionados.

A principios de este año, las diversas organizaciones de jueces de todo el país, realizaron sendas marchas para denunciar el acoso del ejecutivo contra sus compañeros. En ese momento, se había solicitado el antejuicio contra cuatro jueces.

Hubo marchas a mediados de este año, tanto de jueces como abogados, por las Reformas al Código Procesal Penal, que le quitaba atribuciones a los jueces y se las daba a la Fiscalía.