Daniel Trujillo
Redacción Diario Co Latino

El sistema financiero es el que más viola los derechos de la ciudadanía, ya que el 43% de las denuncias recibidas durante el 2008, en la Defensoría del Consumidor (DC) provienen de ese sector.

Los bancos que conforman la lista por los abusos al consumidor son el Agrícola, Scotiabank, CITI (antes Cuscatlán), Procredit, entre otros.

Y es que tanto fue el abuso de parte de estas entidades financieras que la DC hizo que devolvieran más de $1 millón a la ciudadanía, por cobros indebidos en tarjetas de crédito.

Este no es la primera vez que la banca tiene un número alto de denuncias. Desde 2005 a la fecha, este sector ha encabezado la lista.

En estos tres años, la Defensoría registra que el sistema financiero ocupa el 30% de la denuncias ciudadanas, seguida por los servicios de agua potable y telecomunicaciones con un 18%.
En el periodo 2005-2008 los servicios en general sumaron un 18% de las denuncias; un 4% la energía eléctrica, los electrodomésticos tienen un 3%, los muebles un 2% y, vehículos, apenas un 1%.

“Sorprende que en el 2008 suben los casos en el sistema financiero”, valoró la presidenta de la DC, Evelyn Jacir de Lovo.

La funcionaria aseguró que el aumento de las denuncias radica en que la población tiene mayor confianza a la institución.

Durante los tres años de funcionamiento de la Defensoría registra 187 mil atenciones. En este 2008 recibió 77 mil 600 denuncias, contra 55 mil durante el 2007.

“Estamos hablando que hay un cuarenta por ciento más de atenciones, significa que hay consumidores más informados de sus derechos y los han ejercido”, sostuvo la presidenta de la DC.

Devolución y protección
Durante este 2008, la DC logró que la empresa Elektra Credifácil devolviera más de $8 millones a sus clientes por cobrar, de forma indebida, intereses en los créditos.

Jacir de Lovo asegura que uno de los logros más significativos fue la investigación sobre un posible acaparamiento de frijol y gas propano.

Por el momento los resultados de la investigación los tiene la Fiscalía General de la República, y será esta entidad que sancione por este delito a las empresas que pudieron acaparar su producto.