Beatriz Menjívar
Redacción Diario Co Latino

José Vásquez está en su casa sin camisa. El calor característico del oriente del país es sofocante y los árboles no son suficientes para refrescar el patio de su casa. A menos de cien metros de su vivienda pasa la cañería de agua potable, pero él no tiene los $600 dólares para pagar “el derecho” a que ese tubo de “pvc” le suministre el vital líquido.

Los barriles que tiene José para almacenar agua están secos. No hay agua para lavar el maíz ni molerlo, apenas tiene para tomar él y su familia. Por eso Lílian, su esposa, debe caminar 45 minutos bajo el candente sol del municipio de Santa Elena, en Usulután, para llegar al molino de la localidad.

La carreta que tiene José para traer agua en los barriles no sirve, tiene una semana de estar así, y sin ella no ha podido hacer el recorrido de tres kilómetros para ir a traer agua hasta donde “Jesús Guardado”, quien le cobra $0.25 por cada cántaro.

El panorama de José y su familia se agudiza ahora que ya es época de verano. Los afluentes naturales se han secado.

“No tenemos agua, no tenemos luz, porque no tenemos dinero”, explica José, cuyo trabajo de agricultor no le genera los recursos suficientes para pagar el derecho de tener agua en su casa.

Las once tareas de maíz cultivadas en tierras alquiladas no le alcanzan para pagar tanto, apenas logra solventar los créditos adquiridos que le permitieron comprar los insumos de la siembra, el gasto diario de su casa, los gastos escolares y de salud de sus seis hijos y su esposa.

Esta misma realidad la comparten los 17 mil 342 pobladores asentados en las once comunidades del municipio de Santa Elena.

El acceso al vital líquido ha sido tema de discusión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de representantes de Bancos Internacionales y de instituciones mundiales encargadas de velar por la salud.

El agua se ha tornado un tema de debate y de convergencia entre quienes ven la necesidad de mejorar la distribución y el acceso para procurar una mejor calidad de vida.

La importancia brindada al vital líquido es amplia, tanto, que forma parte de los Objetivos de las Metas del Milenio, a las cuales el gobierno salvadoreño se suscribió en el año 2002.

Pese a que el país cuenta con estudios que revelan, que cada salvadoreño podría gastar 3 mil 500 metros cúbicos de agua, en el sector rural existe desabastecimiento, aunado a la cuestionable calidad con que esta se adquiere.

José y Lílian terminan de preparar los tamales de elote, frutos de la última cosecha de la época. Lo hacen con cuidado para no ensuciar mucho trastes, porque en ese páramo el agua escasea.
Sus hijos, cinco en total, se divierten entre las tuzas, quienes también sufren las consecuencias directas de la escasez.

Pese a que Santa Elena es uno de los municipios en donde las comunidades administran el vital líquido, la familia de José no goza de éste beneficio.

Santa Elena la conforman más de once comunidades, entre ellas “Los Amates”, que forma parte del 34.1% de la población rural que recibe servicio de agua, porcentaje anunciado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) en un boletín estadístico de 2005 y, que el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) recoge en su informe “Radiografía de la descentralización de agua potable y saneamiento en los municipios de Tacuba y Santa Elena”.

En “Los Amates” se tiene acceso a servicios domiciliares de agua, gracias a las donaciones de organismos internacionales, quienes les perforaron un pozo que abastece también a otras comunidades.

De lo contrario, formarían parte del 40.4% de la población que el Programa de las Nacionas Unidas para el Desarrollo (PNUD) dice que no tiene un servicio de calidad de agua.

Danilo Pérez, gerente de Iniciativa Ciudada del CDC, aseguró que la inversión anual promedio que asigna el gobierno desdehace 10 años es de $1.8 millones, cantidad insuficiente, pues “viene a representar el 0.0007% del presupuesto general del Estado”, aseguró Pérez.

El trabajo para lograr tener agua en las casas de las once comunidades de Santa Elena fue arduo. Hace once años los vecinos, entusiasmados por obtener el servicio de agua domiciliar, trabajaron 52 tareas por familia. Con mano de obra no calificada pagaron el derecho a la conexión domiciliar de agua.

Pero el tiempo ha pasado, y con él la población creció. Los que hace once años vivían en una misma familia se han casado, tuvieron hijos e hicieron más casas. Ahora, las nuevas familias si quieren el servicio de agua deben cancelar los $600.00.

Una suma exorbitante para familias cuyos ingresos fijos apenas alcanzan el salario mínimo.

Al respecto, Danilo Pérez asevera: “El tema de pobreza está relacionado al acceso de agua, de la calidad del líquido. Se necesita que haya inversión por parte del Gobierno de El Salvador, entendiéndolo como las alcaldías municipales, y el Ministerio de Salud, para darle cumplimiento a las metas del milenio, de las cuales, El Salvador es signatario”.

El problema de estas comunidades no se origina solamente por la falta de dinero, sino que también por la calidad con que reciben el servicio, que llega débil, por lo que deben acarrear el vital líquido.

Además de que en ocasiones no hay encargados para abrir la bomba que abastece a las comunidades.

Otro problema existente son las amenazas que reciben las personas que les dan agua a los vecinos que no tienen acceso.

Dimas Díaz, miembro del Comité de Consumidores de Santa Elena explicó que “la gente está consciente que el tema del agua es un punto vital para la vida, pero, ANDA se ha olvidado de atendernos”.

Con la descentralización de los servicios de agua que el gobierno impulsa desde 1998, se pretendía llegar a más familias; sin embargo, ahora, la junta directiva que controla el servicio no quiere ceder su puesto y ha convertido en un negocio la distribución del servicio.

Problema del que hoy en día ANDA se hace el “desentendido” y se cruza de brazos al asegurar que ya no es competencia de la institución. “Los directivos se hicieron patrones y dueños del sistema”, dice uno de los pobladores que pidió el anonimato.

Sin embargo, a juicio del CDC y otras ONG´s, que trabajan en el tema del agua, el problema es que ANDA lanzó a las comunidades la administración de sus recursos sin antes enseñarles cómo hacerlo, originándose malas administraciones, por lo que es vital crear una Ley General del Agua, que regule a todos los administradores del vital líquido.

La ley fue presentada a la Asamblea Legislativa en el año 2006, por iniciativa de organizaciones no gubernamentales, pero sigue guardando el sueño del archivo.

Otro ejemplo claro de necesidad de regulación es la experiencia de los pobladores del casco urbano de Santa Elena, situado a ocho kilómetros de la cabecera departamental de Usulután, ahí la vida diaria está sumergida entre el calor y la polvazón de los caminos rurales que convergen en ese trozo de civilización.

Al ingresar a Santa Elena, incluido en la lista que reúne a los cincuenta municipios más pobres del territorio nacional según datos del PNUD, cinco vallas publicitarias anuncian que el gobierno municipal lo maneja ARENA, que se han impulsado varias inversiones para agua, que estamos en una zona agrícola, entre otras que no alcancé a leer por la velocidad del vehículo en que me transportaba.

Luego de cruzar algunas calles llegué a la casa comunal, construida con fondos de salvadoreños en Estados Unidos, ahí estaban reunidos habitantes de estas comunidades para buscar en conjunto soluciones para estas situaciones que los pone en jaque, más que con la autónoma y las autoridades, frente al vital líquido.

El quince de octubre del 2005, los ciudadanos de Santa Elena fueron convocados por el Concejo Municipal a una consulta pública para ver si estaban de acuerdo con el proyecto “Descentralización del agua potable”.

En este proyecto ANDA pasaría la administración a los municipios de Santa Elena, Santa María, San Rafael, San Jorge y Concepción Batres, por medio de la Empresa de Municipios Descentralizados de Acueductos y Alcantarillados de Oriente (EMAO).

Sin embargo, pese a que los vecinos “manifestaron su rechazo al proyecto de descentralización de los servicios de agua potable”, de acuerdo con la resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la anterior administración de la alcaldía desestimó la palabra de sus ciudadanos y decidió integrarse.

En el teje y maneje de la problemática nadie se hace cargo, y a los ciudadanos no les administra ANDA el servicio, pero tampoco pertenecen a EMAO.

Yanira de Rodríguez, miembro de la Comisión para la Defensa del Agua Potable en Santa Elena, afirma que han buscado una respuesta que los implicados no han brindado, y que de contar con una Ley General del Agua se pueda resolver.

Por hoy, lo único visible para solventar sus problemas es una reunión que los habitantes del sector urbano y rural han convocado con el alcalde.

La medición de las metas del milenio, es tema de controversia, porque no hay claridad en los indicadores, generando un desafío para las instituciones gubernamentales encargadas de recabar y procesar la información.

El gobierno de El Salvador, a través del programa de Red Solidaria, presentó en el 2005, el cumplimiento de las metas de agua potable y saneamiento, pero basta recorrer este municipio y la realidad dista mucho de los porcentajes presentados en el informe.

El calvario del agua contaminada
A partir de la declaración de las metas del milenio, la ONU menciona que el agua debe considerarse como un Derecho Humano, que además debe de cumplir tres características: disponibilidad, accesibilidad y calidad.

Factores que están lejos de cumplirse en la zona de Puerto El Triunfo, otro de los Municipios de Usulután que, aparte de compartir la lista de los municipios más pobres y territorio geográfico con Santa Elena, también comparte el calvario de no tener agua.

En el área, los pobladores se procuran agua por medio de pozos artesanales que la zona costera les permite encontrarla a poco más de dos metros de profundidad durante el verano y a ras de suelo cuando es invierno, pero tanta bondad no puede ser de gratis.

Julia de Flores, Presidenta del Comité de Desarrollo Local, explica que la situación se agrava porque donde ahora hay asentamientos humanos, antes fueron cultivos algodoneros y la cantidad de venenos regados en ese entonces han dejado contaminado el suelo.

Incluso se atreven a afirmar, que los problemas renales de algunos pobladores de Chaguantique, una colonia cercana al casco urbano, se debe a la concentración de químicos en el agua, y aunque han solicitado al Ministerio de Salud estudios de agua, esta no ha reaccionado.

Esas es otra de las razones del porqué no se puede confiar en el agua de los pozos, además de los servicios de fosas que contaminan el agua, que bondadosamente se deja atrapar a dos metros de profundidad pero que nadie se atreve a consumir.

El ejemplo más palpable se encuentra en la Colonia Rafael Escalón, tiene 25 años de existir, y se debe acceder a pie, porque frente a ella se construye un moderno y vistoso bulevar que permitirá mejorar las ventas a los pescadores artesanales, y por cuyos carriles se espera pase el progreso y la inversión extranjera.

Con tanto modernismo en la puerta de la colonia, y estando en el casco urbano, nadie pensaría que las 115 familias que habitan ahí no poseen agua potable y forman parte del 28.1% de la población urbana que no tiene servicio de agua.

Mientras el gobierno central trata de vérselas con las Organizaciones internacionales quienes le han exigido mayor inversión en el rubro, Carlos Rivas, tesorero de la directiva, explica que han empezado a gestionar ante las autoridades para tener agua domiciliar.
“En agosto solicitamos al alcalde Ramón Coreas que gestione, pero todavía no ha dado respuesta – debe de andar en campaña – y nos precisa el agua, más que otros servicios”, explica.
Y mientras la directiva espera una respuesta por parte del alcalde, Taira Escobar jala agua en bicicleta para asear a sus dos hijos pequeños, porque no puede cocinar o darles de beber del agua del pozo “con esa agua lavo ropa y trastes, para lo demás debo esperar a que mi esposo venga de trabajar para ir a traer agua y no dejar solo a los niños”, explica.

“La inversión gubernamental como promedio ha sido de 1.8 millones anuales, que viene a representar el 0.0007% del presupuesto general del Estado. Instituciones internacionales evalúan que debe de invertirse el 0.04% del PIB. Se necesita invertir aproximadamente $100 millones en el país para que haya un mejor acceso”, evalúa Danilo Pérez.

En el casco urbano de Puerto El Triunfo el agua potable puede llegar desde un chorro vecino, pero en las islas la situación queda en manos de los habitantes, quienes deben de ingeniárselas para convertir el agua del pozo, en agua para su consumo.

Invertir en agua pudo haber cambiado el panorama a más de algún habitante expuesto a las enfermedades gastrointestinales, además de haber ahorrado el Ministerio de Salud $200 millones anuales que gasta en atender enfermedades relacionadas con el agua.

De ahí la urgencia de invertir en este rubro, que más que ser un negocio olvidado, debe de ser el generador de desarrollo en el territorio nacional.