Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

La falta de políticas que contribuyan a paliar la crisis económica y no fiscalizar el alza en los precios de la canasta básica, que es esencial para la existencia de los salvadoreños, se convierte en una violación a los derechos humanos, a criterio de organizaciones sociales.

En el marco de la conmemoración del 60 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las organizaciones instaron al Estado a implementar medidas para evitar que las alzas sigan afectando el bolsillo y se siga cometiendo este tipo de violación.

Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), criticó que la primera reacción del Estado salvadoreño para paliar la crisis fue tratar de inyectar 500 millones a la banca privada y no buscar un mecanismo para distribuir ese dinero con los sectores más vulnerables.

Desde inicio de este año los precios del arroz, frijoles, maíz, aceite y otros productos esenciales subieron supuestamente por el efecto cascada del incremento de los combustibles.

Los frijoles llegaron a costar $1.25 de dólar. En la actualidad los precios oscilan entre los $0.75 y $1.00, a pesar que el Ministerio de Economía, aseguró que existiría mayor vigilancia para que las bajas de los combustibles sean reflejadas en los productos.

Por su parte, Dimas Mauricio Vanegas, de la Fundación Promotora de Cooperativas, consideró que otra de las claras violaciones a los derechos humanos de la población, es la poca intervención del Estado en el funcionamiento de las grandes “transnacionales” que son las principales proveedoras de productos en el país.

“Los únicos que están ganando son los ricos y hay mucha gente que no tiene nada que comer. El solo hecho que a la gente no le alcance para comer es una violación a los derechos humanos, claro que en la lógica del mercado no interesa”, dijo Vanegas.

La Fundación Promotora de Cooperativas y la CDHES realizaron ayer un festival conmemorativo de la Declaratoria Universal de Derechos Humanos, en el parque Cuscatlán, para que la población capitalina conociera cuáles son sus derechos y a qué instancias pueden recurrir para hacerlos valer.