Claudia Solórzano
Redacción Diario Co Latino

En conmemoración del 60 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el IDHUCA entregó el reconocimiento “Jon Cortina” a los salvadoreños que defienden  y promueven los derechos políticos, económicos y sociales en el país.

Según los asistentes al evento, los derechos humanos han sido letra muerta, ya que después de los Acuerdos de Paz no se han cumplido como debería ser.

El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Benjamín Cuéllar, señaló que “de nada sirve que el país reconozca los derechos sino se respetan”.

En la actualidad, la impunidad prevalece sobre la justicia. Los casos más emblemáticos de dicha situación son el de Katya Miranda y las familias afectadas por la tragedia de la colonia Málaga.

Al respecto, Cuéllar señaló al Estado como el principal actor en permitir la injusticia en general.  “Hay un fallo por quienes conducen el país y esto provoca daños en la ciudadanía”.

En consecuencia, la lucha ciudadana es fundamental para que se acaten las leyes del país. Uno de los personas reconocidas en el evento fue la directora del colegio Sagrado Corazón, Nidia Ramos, por abogar en favor del caso Katya Miranda.

“Necesitamos crear conciencia social, el caso está pronto a prescribir y debe hacerse justicia, no sólo por ella, sino también, por todos los niños que han sido víctimas de violación”, dijo la religiosa.

Hasta la fecha, los defensores en el caso de Miranda han presentado nuevas evidencias para hacer valer sus derechos y en todo caso que los asesinos de la menor paguen por el delito cometido.

Katya Miranda fue violada y asesinada hace diez años. A pesar del tiempo, la Fiscalía aún no inclina la balanza de la justicia a favor de la familia afectada.

Durante los reconocimientos “Jon Cortina”, también se distinguió la labor de pastor general de la Iglesia Elim, Mario Vega, quien aún lucha por la reparación moral hacia las familias de las víctimas en la Málaga.

Las familias afectadas interpusieron una demanda en contra de los ministros de Obras Públicas, de Medio Ambiente y Gobernación por los delitos de omisión, estragos y homicidio culposo, pero el proceso sigue estancando.

Al no cumplir el Estado con la defensa de los derechos humanos, estaría poniendo en peligro “lo que se superó y esto puede volver”, concluyó Cuéllar, quien además incentivó a los salvadoreños a continuar luchando por sus derechos constitucionales.