Presidente de Ecuador Rafael Correa. Foto Diario Co Latino/Archivo
Mirna Jiménez
Redacción Diario Co Latino
Con un auditoría que revela el manejo de la deuda externa desde 1976 hasta el 2006, realizado por especialistas en economía, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, intenta llevar al banquillo de los acusados a exfuncionarios que bajo la bandera social llevaron a su país al endeudamiento acelerado y poco transparente.
De 1976 a 1982, la deuda pública creció 18 veces, la deuda externa privada 28 veces, y ha juicio del mandatario, exfuncionarios que no actuaron con responsabilidad deben asumir la afectación generada, pues arruinaron la vida de muchos ecuatorianos, aún de aquellos que no habían nacido todavía.
El endeudamiento benefició al sector financiero, empresas transnacionales y afectó visiblemente los intereses de la nación, señaló el mandatario el mes pasado, ante la presentación del documento que se denomina: “Auditoría Integral de Crédito Público”, el cual fue adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas de ese país.
El mandatario, además de dejar en manos de la fiscalía de su país, a aquellos funcionarios que en nombre de su cargo llevaron a su país al caos, pues los fondos nunca llegaron a su objetivo, el cual era disminuir la pobreza, asegura que también busca evitar seguir pagando los préstamos que ya han sido cancelados, a su juicio, varias veces.
“Queridos compatriotas, ecuatorianos y ecuatorianas, buscaremos no solo sancionar a los culpables, sino también no pagar la deuda ilegítima, la deuda corrupta, la deuda ilegal; Su peso debe ser trasladado por partes iguales a los responsables de adquirirla con títulos espurios con malos artes, con traición y cada cual tiene que asumir su responsabilidad”, advirtió el pasado mes de noviembre Correa.
Expertos en el tema señalan que desde 1960, la mayor parte de préstamos en América Latina (AL), se habrían orientado a gastos improductivos, tales como gastos militares, mantenimiento de la burocracia y no ha existido capacidad de ahorro interno.
Además, esto, sumado a que los organismos internacionales financieros no hicieron los análisis pertinentes para brindar los préstamos, la deuda externa podría ser entendida como una violación o ilegalidad que se está cometiendo contra los pueblos más pobres.
“Ya basta de tanto saqueo, ya basta de tanto Latrocinio, ya basta de tanta inequidad. La dignidad y la Justicia en este país se inauguraron el 15 de enero del 2007”, pronunció el pasado 20 de noviembre, refiriéndose que antes de su periodo no existió control alguno sobre el manejo de la deuda.
Según el documento de auditoría, el Banco Central Ecuador asumió también la deuda externa privada, sobre un proceso conocido como “sucretización”, que habría elevados prejuicios al Estado Ecuatoriano por un monto de $ 4 mil millones 462, aquí también existió una falta de control que dejó la puerta abierta para que pudieran sucretizarse créditos ficticios y créditos irrecuperables, ilustra la auditoría.
La auditoría hace sus respectivas observaciones en le deuda multilateral, coincide en que mediante créditos atados entre sí, se impuso un modelo uniforme, ajeno a la realidad, que debilitó la capacidad del Estado para planificar, impulsar y orientar el desarrollo nacional, en función de garantizar los intereses de grupos de poder nacional y transnacional.
Los créditos multilaterales establecieron condicionamientos atentatorios a los intereses del pueblo ecuatoriano, generaron inestabilidad política y continuos enfrentamientos de gobiernos con sectores sociales, los condicionamientos impuestos a través de los créditos generaron impactos en el goce de derechos fundamentales de personas y pueblos; “Se violentaron derechos a la salud, educación, derecho a la alimentación y al ambiente sano”, se lee.
“A pesar de los altos niveles de endeudamiento, las condiciones de vida de la población, especialmente de los pueblos indígenas, campesinos y otros descendientes, en particular de las mujeres, no han mejorado; al contrario, se ha profundizado la pobreza, aumentado la migración y se han deteriorado las condiciones ambientales”, dice textualmente uno de las puntos señalados.
Según el informe presentado por los expertos no solo de Ecuador, sino también de Brasil y de Argentina, entre otros países, se han estado violentando muchos reglas legales como las relacionadas a la Constitución de Ecuador, el código Civil, el código de Comercio, La Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley de Consultoría. Se han cometido delitos de acción pública como falsedad ideológica, prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, con lo cual se ha quebrantado el orden jurídico con impunidad, sin que ninguno de los organismos de control establecidos en el texto constitucional haya decidido intervenir en salvaguardar el patrimonio público.
En ese caso, el presidente Correa llamó al Fiscal General de esa nación a hacer su parte, o lo que le corresponde contra aquellos que engañaron y pusieron como bandera a la gente para endeudar al país.
“Aquí lo importante es que un gobierno se haya atrevido a legitimar este informe”
Luis Narvaez, Cónsul de Ecuador en El Salvador, destaca que una de las cosas importantes en todo el proceso es que a nivel regional los académicos han estado siempre preocupados por ver como funciona la deuda externa, sus implicaciones y demás, pero ahora Correa ha legitimado una investigación, lo cual nadie lo había hecho en América Latina.
En ese caso, se convierte en el primer país que tiene una preocupación clara sobre el tema, ninguna otra nación lo ha hecho. Narvaez cree que esto sienta un precedente y probablemente otra nación podría tomar un camino similar.
“No es un tema para efectos del Ecuador, ni una preocupación netamente ecuatoriana, yo diría que en tema de la deuda externa ha sido regionalmente importante”, expone el diplomático.
“El presidente Correa ha llegado a tener un nivel de sincronía con esta necesidad permanente de averiguar ¿Cómo funcionó la deuda externa? ¿quiénes han sido los autores? Y, finalmente, hacer un ejercicio de auditoría”, expresa el funcionario, convencido que esto traerá beneficios de transparencia para la región.
El diplomático explicó que la “sucretización de la deuda externa”, a partir de los 80, llevó a congelar el tipo de cambio y que la deuda privada se convirtiera en pública, lo que llevó, de alguna manera, a que algunas personas que tenían deudas se enriquecieran.
Narvaez comenta que por todos estos años el tema deuda externa ha estado bajo una especie de nebulosa, donde poca gente es la que conoce aún cuando al final son los ciudadanos los que tienen que pagar.
“Resulta ser la primigenia en América Latina, jamás ningún gobierno ha hecho ningún ejercicio por auditar la deuda externa, en ningún momento y eso le da mucho valor”, argumenta.
En ese sentido se estaría rescatando el Estado de Derecho comenta. “Parte del Estado de Derecho es la responsabilidad de los puestos públicos, responsabilidad que cada autor ha tenido durante el periodo que le ha tocado asumir”, reitera.
Narvaez relata que en los años 80 salía un spot, que decía todo niño en el Ecuador Nace con mil dólares de deuda, cada año nacía una niño que ya era un deudor, y que esto se traducía en falta de beneficios para este nuevo ser humano y eso no puede ser.
Buscarán figuras en derecho internacional
Pero, el Ecuador va más allá de cuestionar localmente, también critica a los organismos internacionales. Estos habrían perdido desde hace rato su razón de existir y se habrían hecho simples prestamistas, sin objetivos de desarrollo en los países pobres.
Además, deja claro que no se trata que su país no quiera pagar lo que debe, como algunos periódicos habrían publicado recientemente, pues habrá cuentas que en definitiva hay que cancelar, lo que está haciendo su gobierno es una revisión que considera válida y coherente.
En consecuencia se presionará internacionalmente, se acudirá a las instancias del derecho internacional, y se buscará todo instrumento que ayude a este fin, como por ejemplo la Doctrina Calvo, surgida a finales del siglo XIX y principios del XX, la cual podría ajustarse para ser aplicada en el tema deuda externa.
Establece el no pago compulsivo de las deudas, lo cual surgió cuando algunos países, potencias económicas en el mundo, les dio por cobrar deudas alrededor del proceso de independencia de los países Latinoamericanos.
“Hay que adecuarla, porque en ese momento la realidad era otra, pero sí, hay mecanismos donde se puede actualizar”, explicó durante una visita a este vespertino.
En esa lógica, podría decirse que muchos de los organismos financieros internacionales han perdido su misión, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional se creó como un fondo para ayudar a las balanzas de pago de los países en desarrollo.
“Pero se ha vuelto en prestamistas en términos legales, en términos extraordinariamente duros, sino te apegas en una línea política… se ha perdido la naturaleza técnica, e igual el Banco Mundial, se crea como el banco de reposición y fomento, para patrocinar proyectos de desarrollo”, recordó.
Ahora, junto con el resto organismos internacionales su actitud ha sido imponer recetas económicas, que lamentablemente en el proceso se han venido dañando, y al final han llevado a una dependencia.
“Se vuelve un círculo vicioso, endeudarme pagar. En Ecuador los últimos procesos endeudamiento ha sido coger dinero para pagar a otros”, planteó tras considerar que hay personas responsables de esto.
Figuras legales locales
El cónsul profundizó que todo esto que se está haciendo, permitirá, en el caso Ecuatoriano, articular una figura legal que ya existía en diferentes Constituciones que es el “Derecho a Repetición” y que permite que instituciones públicas que se vean afectadas por malas decisiones en dinero que tomaron los funcionarios puedan ser procesados.
“Ahora se está articulando está figura, con lo cual toda autoridad sabe que si provoca un daño en términos monetarios a su institución por una acción, omisión contraria al derecho, el Estado se guarda el derecho de hacerle un juicio a ese funcionario”, precisó.
En la entrevista, el cónsul Narvaez reconoce que los organismos internacionales no ha reaccionado, pero esperan media vez se puedan comprobar lo argumentados presentados en la auditoría que lo hagan.
El diplomático citó que también en Ecuador existe el Código Civil, que tiene algo que se llama daños ocultos, cuando por ejemplo, alguien compra un vehículo en el entendido de que esta persona lo compra de buena fe, pero resulta que le hace falta una pieza que la persona no pudo darse cuenta que le faltaba y que es prioritaria y posiblemente cuya reparación va hacer más onerosa que el producto mismo, lo que se convierte en un delito. “Yo diría que esa figura se traslade hacia lo externo”.
Detrás del daño oculto hay una mala intencionalidad, cuando esto se proyecta a nivel internacional existe una mala intencionalidad, detalló, refiriéndose a la doble intencionalidad de los organismos internacionales.
“Y esto no lo dice el presidente Correa, ni yo, pero si uno revisa, hay muchísimos informes desde la década de los 80, no hay uno, sino muchos que apunta a que la deuda externa, en los términos en que América Latina ha venido endeudándose, permiten el mayor lastre del desarrollo de los pueblos”, indicó.
En palabras del diplomático ecuatoriano no se trata de satanizar tampoco el concepto deuda exterior, sino dejar al descubierto el mal manejo que se hizo de ella y el impacto en detrimento de los ciudadanos.
1978 elevados créditos para Ecuador
La auditoría indica que en 1983, por presión del Fondo Mundial Internacional, el Banco Central de Ecuador asume elevadas obligaciones de entidades públicas y privadas y contrata créditos en el exterior, directamente con la banca privada internacional.
Por lo que Correa señala en su discurso “Los prestamistas no son menos culpables, los que indujeron compulsivamente, los que amarraron, y presionaron a como diera lugar para colocar los empréstitos y hacerse de jugosas comisiones”, cita Correa.
Ecuador estaría debiendo de deuda externa privada y pública. En estos momentos 10 mil millones de dólares, de la cual solamente se pagará la que se considera legítimamente adquirida.
El Presidente Correa ha acudido a los países socios del ALBA, para que respalden la iniciativa de no pagar lo no adquirido con transparencia, pues ello irá en beneficio de los pueblos.



