Alma Vilches
Redacción Diario Co Latino

En el marco del XIX aniversario de la Convención Nacional sobre los Derechos del Niño, la Unidad de Justicia de la Corte Suprema de Justicia ha realizado una serie de reflexiones y recomendaciones acerca de la formación especializada en criminología y justicia penal en el país.

Según la Dra. Victoria Marina de Avilés, magistrada de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Comisión del menor, dijo que el Estado no responde adecuadamente a la protección que los jóvenes infractores necesitan, así como los adolescentes que no están involucrados en hechos delictivos.

“La situación para los jóvenes siempre ha sido difícil en este país. Las políticas de protección a la familia, por parte del Estado no son las más adecuadas, existe carencia de trabajo, acceso a salud, a la educación. Son las cosas que deberían diseñar el comportamiento del Estado en la protección de los jóvenes, algo que está contemplado en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”, indicó la magistrada.

Además, Avilés manifiesta que siempre se ha considerado a los niños y jóvenes como un tema de poca prioridad para los Gobiernos y siempre se deja para después legislar a favor de ellos.

De acuerdo a estudios realizados por la Unidad de Justicia Juvenil, de 24 mil homicidios solamente el 8.17% de los delito son atribuidos a menores de edad, entre los años 2003 a 2008. De los cuales, los jóvenes han sido encarcelados y enjuiciados como una persona mayor de edad, sin establecer otras vías de solución al problema delincuencial.

Entre los delitos más recurrentes que se les imputa a menores de edad, son el consumo o tenencia de droga, mas el tráfico; así como el tema de extorsión entre las pandillas. Carlos Linneo Siliézar, representante del Proyecto Projóvenes, destacó que estos menores infractores, luego de pasar el tiempo adecuado de pena por el delito cometido, son insertados en la sociedad a través de proyectos de becas.

Por su parte, Jaime Martínez, coordinador de la Unidad del Menor de Edad, de la Corte Suprema de Justicia, afirmó que todavía hay vacíos en materia de leyes y programas adecuados a los menores infractores.

“Se debería trabajar en fomentar la especialización de los operadores de justicia, así como la articulación de esfuerzos entre las instituciones públicas, privadas, comunitarias y las entidades responsables de la administración de la justicia penal juvenil en el país”, agregó.