Leonor Cárdenas
Redacción Diario Co Latino
Los Magistrados de Tribunal Supremo Electoral (TSE) declararon de forma unánime, como incompetentes, dos de las tres demandas interpuestas por los representantes de los partidos políticos FMLN, FDR y ARENA.
Luego de varias semanas de análisis, las autoridades del órgano electoral decidieron rechazar dos, de tres denuncias, relacionadas a la campaña adelantada y violencia electoral realizada durante el desarrollo de actividades proselitistas.
Una de las demandas fue interpuesta por el partido ARENA, en la cual acusan a supuestos simpatizantes del FMLN, de atacar a la caravana del candidato presidencial cuando se dirigía a participar en un mitin, en el municipio de Meanguera, departamento de Morazán.
Según el TSE, esa denuncia es materia de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, porque implica daños físicos.
“El tribunal ya resolvió tres denuncias. La de Meanguera fue declarada improcedente porque el tribunal no tiene la facultad de estar sancionando delitos”, manifestó Walter Araujo, magistrado presidente del órgano electoral.
La segunda denuncia que también fue inadmisible, es la que interpuso el partido Frente Democrático Revolucionario (FDR) contra el partido ARENA, por campaña adelantada.
Al parecer, dicha denuncia no procede para los magistrados del ente electoral por la falta de contestación a una prevención realizada por el TSE.
Hasta hoy queda en proceso de análisis, la denuncia interpuesta por el partido FMLN contra Fuerza Solidaria y el partido ARENA, por la difusión de mensajes “difamatorios” en contra de la fórmula presidencial, catalogada como “campaña sucia”.
Con respecto a esta demanda, el magistrado presidente del TSE, dijo haber solicitado al FMLN individualizar su denuncia.
“Se mandó a hacer una gestión, en la cual se le pide que identifique al sujeto al cual hace su denuncia, porque no lo deja claro”, explicó Araujo. Asimismo, dijo que la demanda seguirá en estudio, porque aún no han vencido los plazos establecidos por la ley para resolver la misma.



