Redacción Diario Co Latino

Crear leyes ágiles, innovadoras y solidarias fue la petición general de la Mesa Permanente sobre los Derechos de los Migrantes, expresado ante el Comité de la ONU, en Ginebra Suiza.

Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), y miembro de la Mesa Permanente, informó que junto a la Federación Internacional de Derechos Humanos, y el apoyo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, presentaron el informe sobre el estado de los migrantes en El Salvador.

La migración, cuyo impacto e influencia muestra el rostro de la pobreza en Centro América, aún no tiene la atención total de los Estados catalogados de “expulsores”, dice el informe.

El documento plantea el proceso de emigración e inmigración en El Salvador; el marco jurídico, y la contradicción de disposiciones legales que transgreden el cuerpo normativo de la Convención relativas al respeto de los migrantes, en general.

Entre las observaciones principales, Montenegro señaló que el Estado de El Salvador debe implementar de inmediato una política pública para la atención del problema de los trabajadores y las trabajadoras migrantes, sumado a un proceso de adecuación legislativa.

Y que las políticas efectivas para superar la pobreza y la marginación social, debería ser las medidas más eficaces para frenar la emigración porque esto permite mejorar la situación de los migrantes documentados e indocumentados en el país, buscando desarrollo económico y social sostenible desde los gobiernos locales y las comunidades.

Para los organizaciones sociales, la creación y unificación de un sistema de información nacional es una deuda pendiente que fue formulada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el 2006,

“Tal como lo reconoce el gobierno, no existen datos sobre el flujo de migrantes, trabajadores temporales, trabajadores por contrato, integración familiar, etc. Aunque se reconoce la extrema dificultad de tener estadísticas confiables y suficientes sobre el fenómeno migratorio, particularmente de la emigración e inmigración irregular”, documenta el informe.

Asimismo, en el documento peticionaron mayor conocimiento y visibilización pública y características de la migración laboral, entre los países centroamericanos, así como las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes, que son considerados población en riesgo.

En cuanto al marco legal, las organizaciones sociales, recomendaron dar mayor efectividad a la Convención de Derechos Humanos de los Migrantes, con el fin de aplicarse de manera directa, ya que, el artículo 144 de la Constitución de la República, reconoce que son “auto ejecutables” y prevalecen por sobre las leyes secundarias, dotando al país de una nueva y moderna normativa migratoria.

“La nueva disposición deberá expresar los principios de la Convención prestando especial énfasis en el debido proceso para la expulsión o deportación de migrantes regulares o irregulares, un procedimiento expedito que facilite el acceso a la defensa y a solicitar el cambio de estatuto migratorio o la adquisición de la nacionalidad, que resalte que la pena de prisión es la excepción y no la regla”, refirió el texto.

Entre otras propuestas innovadoras, las organizaciones sociales abogan por trabajadores migratorios con beneficios de seguridad social a actividades tradicionalmente desprotegidas, como el trabajo doméstico y el trabajo zafral o fronterizo.

Las organizaciones peticionaron la adhesión de El Salvador a una docena de tratados que incluye la Corte Penal Internacional.

Este día será presentado el informe por parte del Estado salvadoreño para informar ante el Comité, las acciones y medidas que han tomado con respecto al tema migratorio.