Daniel Trujillo
Redacción Diario Co Latino

Dos funcionarias de la Secretaría Nacional de la Familia (SNF) tienen abierto un proceso administrativo sancionatorio en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por la supuesta vulneración al deber ético de cumplimiento.

La referida falta está contemplada en el literal “b” del artículo cinco de la Ley de Ética Gubernamental (LEG) y la Directora de la División de Asistencia Alimentaria, Maibé Coromoto García de Calderón; y, la jefa de la Unidad Jurídica de la Secretaría, Wendy Elizabeth Rogel Coreas, se supone que vulneraron el deber ético de cumplimiento al cometer “actos arbitrarios” en contra de un gerente de operaciones de la institución.

El artículo cinco de la LEG indica todos los deberes que un servidor público está sujeto a cumplir, y el literal “b” del referida norma estable que el deber ético de cumplimiento es “cumplir con responsabilidad y buena fe todos los deberes y obligaciones, como ciudadano y servidor público”.

Pero, ¿cómo es que la Directora de la División de Asistencia Alimentaria y la jefa de la Unidad Jurídica de la SNF tienen abierto este proceso en el TEG? Todo se remonta casi un año atrás, exactamente el 29 de noviembre de 2007, cuando supuestamente ambas funcionarias privaron de libertad al gerente de operaciones de la División de Asistencia Alimentaria de la SNF.

La tarde de ese día, Rogel Coreas pretendía entregar una carta de notificación de no renovación del contrato de trabajo para el 2008 al gerente de operaciones, donde le dijo, además, que por órdenes superiores, ese mismo día retirara sus pertenencias de la oficina.

También se le comunicó que ya no se presentara a trabajar al día siguiente, aún cuando el contrato finalizaba el 31 de diciembre de 2007.

Una fuente conocedora del caso explicó a Diario Co Latino que un Coronel retirado tomaría el cargo del gerente.

Sin embargo, el gerente saliente no aceptó que lo despidieran inmediatamente de su puesto, ya que el trabajo que desempeñaba era de mucha responsabilidad: administrar las bodegas de la División de Asistencia Alimentaria de la SNF, en donde se almacena gran cantidad de bienes del Estado (principalmente alimentos) valorados en millones de dólares.

La posición del gerente, según la fuente, generó el descontento de la Directora de la División de Asistencia Alimentaria y de la jefa de la Unidad Jurídica de la Secretaría.

Portones cerrados
Cuando el gerente decidió salir del lugar, para sorpresa de él, los portones de la División de Asistencia Alimentaria estaban cerrados por “órdenes superiores”, con cadenas y candados, imposibilitándole su retiro del lugar. Según la fuente, el gerente, al verse privado de su libertad llamó sus familiares.

Miembros de su familia se apersonaron al lugar pero no ingresaron a las instalaciones porque los portones estaban cerrados. Esta situación obligó a la familia, llamar a sus abogados y al sistema de emergencia 911 de la policía. Minutos después de la llamada tres radiopatrullas llegaron a la zona.
Sin embargo, el coronel retirado –que tomaría el cargo del gerente saliente– le dijo a la policía que era una falsa alarma y que se retiraran.

Pero la fuente conocedora del tema agregó otro aspecto más. Entrada la noche llegaron al lugar de los hechos, de manera intimidante, hombres vestidos de civil fuertemente armados.

Cuando este problema estaba a punto de salirse de control, la Directora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la SNF, Ana Liévano de Sol, y otros abogados de la Primera Dama de la República, llegaron al lugar y expresaron que el procedimiento hecho por la Directora de la División de Asistencia Alimentaria y de la jefa de la Unidad Jurídica de la Secretaría fue incorrecto.

Ya entrada la noche, el gerente saliente pudo salir de las instalaciones de la División de Asistencia Alimentaria de la SNF, dejando atrás nueve años de trabajo.

Acciones legales
Este caso llegó a manos del Comité de Ética Gubernamental de la Presidencia de la República que encontró méritos suficientes para remitirlo al Tribunal de Ética Gubernamental.

A casi un año de lo sucedido el TEG aún no ha resuelto si las funcionarias vulneraron el deber ético de cumplimiento.

En una resolución de fecha de 23 de septiembre, de este año, el Tribunal resolvió “continuar con el procedimiento administrativo sancionador a los efectos de emitir la resolución definitiva en cuanto a la supuesta vulneración del deber ético de cumplimiento por parte de las servidoras públicas”.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) también tiene conocimiento del caso. El expediente es el No. SS-0518-2007, abierto días después de los supuestos actos de privación de libertad.

Sin respuesta
Al parecer, a la SNF no le interesa dar una postura sobre este caso, ya que la semana pasada Diario Co Latino se comunicó en dos oportunidades con la unidad jurídica de la institución estatal y no dieron respuesta a la petición de este vespertino.

El primer intento fue el martes pasado. Ese día se solicitó hablar con la Directora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la SNF, Ana Liévano de Sol, pero se nos informó que estaba fuera del país y que regresaría al día siguiente.

La secretaria pidió correo electrónico y un número telefónico para comunicarse con este vespertino cuando Liévano de Sol regresara al país. Hoy es martes y la llamada se sigue esperando.

El segundo intento fue el jueves pasado –para esa fecha ya tenía que estar en el país Liévano de Sol– y la respuesta fue distinta: no se encuentra en la oficina. Una asistente atendió y la única respuesta que se obtuvo fue la misma del martes: dar un número telefónico y un correo “para que la Directora de Asuntos Jurídicos e Internacionales se comunique posteriormente”.

Al cierre de esta edición Diario Co Latino espera todavía una postura de la SNF respecto al proceso administrativo sancionatorio en el TEG por la supuesta vulneración al deber ético de cumplimiento de la Directora de la División de Asistencia Alimentaria y de la jefa de la Unidad Jurídica de la SNF.