Iván Escobar
Redacción Diario Co Latino

La Asamblea Legislativa concluyó anoche un proceso de estudio, por casi un año, del proyecto de ley del Código Procesal Penal, que actualiza una norma que tenía diez años de vigencia.

De acuerdo a los legisladores, el Código Procesal Penal que entró en vigencia en 1998, estableció un sistema procesal mixto “de tendencia acusatoria”, por lo que debe sistematizarse de mejor manera el ejercicio del poder punitivo del Estado, reafirmando el carácter de órgano persecutor del delito de la Fiscalía; el ejercicio democrático de la promoción de la acción penal y la función del Órgano Judicial, “como garante de derechos fundamentales”.

El Código, que entrará en vigencia en julio de 2009, fue aprobado anoche después de siete horas de lectura de los 506 artículos, más dos horas de fijación de posiciones de los diputados de las cinco bancadas legislativas.

Guillermo Ávila Qüehl, diputado de ARENA y presidente de la Comisión Ad Hoc, que estudió durante los últimos once meses el proyecto del nuevo código, destacó la importancia de esta herramienta procesal penal, que contiene elementos que permiten actualizar la legislación.

“Fue una sesión plenaria muy larga. Alrededor de siete horas de lectura rápida de los más de quinientos artículos. Creemos que es un avance, es un Código mejor al actual. Este es el producto de un análisis serio, donde lo bueno de la legislación procesal penal se ha recogido”, precisó el legislador.
ARENA dijo que si bien se logró consenso en la aprobación de la normativa procesal penal, no es totalmente la redacción del proyecto de Ley presentado por el gobierno el año pasado.

“Ha salido un instrumento legal que si bien no es el que deseábamos, es una legislación que tiene consenso de los operadores del sector justicia”, destacó el legislador.

Una de las cosas que puntualizó Ávila Qüehl es que el nuevo código contempla protección a las víctimas, particularmente a los menores de edad.

Herbert Amaya, diputado del FMLN y miembro de la instancia legislativa, señaló que una de las cosas que se logró revertir de la propuesta original, es “quitar las facultades que se otorgaban al fiscal, las cuales se superaron”.

Arturo Argumedo, diputado del PDC, destacó que el nuevo Código no tiene total calidad, pero por lo menos repara las más de trescientas reformas que se le desarrollaron durante la última década, y que a su juicio habían hecho de la normativa procesal penal “un tapete de reformas, hoy hacemos un solo lienzo”, precisó.

Cabe destacar que los legisladores atendieron observaciones hechas por periodistas y gremiales de comunicadores como el Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS) y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), quienes expresaron su preocupación por una propuesta de redacción que pretendía obligar al periodista a comparecer ante un juez.

Al final los diputados aprobaron la nueva norma legal con el mismo contenido de garantías para los comunicadores que estaba en la legislación anterior.

El apartado “Derecho de abstención de declarar”, artículo 206, quedó de la siguiente manera: “Tendrán derecho a abstenerse de declarar sobre los hechos que han llegado a su conocimiento en razón de su profesión u oficio bajo pena de nulidad, los periodistas de profesión y aquellas personas que aún siendo de otra profesión ejerzan el periodismo”.

Argumedo aseveró que ésta “fue una intentona fallida”, que ellos como democracia cristiana advirtieron y se resistieron a apoyar.

Reforman Ley de Electricidad
La Asamblea reformó ayer, el artículo 52 de la Ley General de Electricidad, encaminado a beneficiar a pequeños y medianos distribuidores y comercializadores de energía en el país.

Con la reforman se beneficiaría a unas seis empresas que operan en el interior del país, y a un promedio de 12 mil usuarios.

Orlando Arévalo, diputado del PCN explicó que con esta reforma se trata “que se puedan interconectar a las redes de interconexión de las grandes distribuidoras de energía eléctrica, cualquier pequeño generador de energía, distribuidor y comercializador” en cualquier punto del país”.

El diputado Juan Pablo Durán, de Cambio Democrático, añadió que la reforma persigue “darle mucho espíritu a la ley, de manera general, que establece que debe de haber una clara competencia en el mercado energético”.

“No tenía sentido que hubieran una serie de obstáculos para que las pequeñas y medianas empresas, que haciendo una función de distribuidoras o de comercializadoras, no compitieran en igualdad de condiciones con las grandes empresas” dijo Durán.

Blanca Coto, diputada del FMLN aseguró que su partido respaldo la iniciativa porque “debe quedar establecido para el ente regulador, es decir la Superintendencia de Competencia, que el principio de igualdad debe hacerse efectivo, la modificación da un mandato expreso para que ese principio y el ámbito de la libre competencia tenga como consecuencia beneficios para los usuarios”.

La reforma, al final contó con el apoyo de 70, de los 84 legisladores, y la misma se dijo que entrará en vigencia ocho días después de publicado en el Diario Oficial y es una respuesta a este sector que venía pidiendo equidad en un mercado “dominado por las grandes empresas”, destacó el diputado Mauricio Rodríguez, del PDC.