Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

Víctor Pérez, coordinador jurídico de la Comisión de Derechos Humanos El Salvador (CDHES), señaló la “falta de voluntad” del gobierno salvadoreño para acatar las recomendaciones emanadas de la CIDH, lo que violenta los derechos del pueblo indígena en el país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó al Estado salvadoreño el informe de cumplimiento de sus recomendaciones, emitido el 24 de septiembre de 1992, en el caso de “Masacre Las Hojas”, hecho ocurrido en 1983, en el departamento de Sonsonate.

En las recomendaciones establecidas en el expediente 26/92, señalan “la exhaustivo, rápida, completa e imparcial investigación de los hechos, para sancionar a los autores. Y en la segunda, mandó adoptar medidas para impedir la comisión de hechos similares en lo sucesivo”.

“Nosotros, como CDHES, tomamos el compromiso de ser parte y defender, ya que ninguna de las recomendaciones se ha cumplido a la fecha, por parte del Estado salvadoreño. Nosotros reiteramos la necesidad de adoptar el Estatuto de Roma, que de vida a la Corte Penal Internacional, debemos prevenir que este tipo de acciones se vuelva a dar”, reflexionó Pérez.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió el 27 de enero de 1989, la denuncia sobre el asesinato de 74 personas, de origen indígena, realizada por miembros de la Fuerza Armada, y elementos de la Defensa Civil, el 22 de febrero de 1983, en el Cantón Las Hojas, Sonsonate.

En los antecedentes se describió que las víctimas “fueron masacradas con armas de fuego y a quemarropa, de forma premeditada”, por elementos militares y paramilitares. De cuyo caso, el gobierno salvadoreño no había podido judicialmente llevar a la justicia a los responsables del hecho.

La denuncia interpuesta ante la CIDH, documentó la existencia de una disputa de terrenos, entre la Asociación Nacional Indígena Salvadoreña (ANIS), con el terrateniente Alfonso Araúz; quien solicitó a ANIS, la “servidumbre de paso” (acorte de distancia para llegar a la carretera principal), esto los llevó a un litigio al Juzgado de Primera Instancia en Sonsonate, que ganó ANIS.

“A principios de 1982, miembros de la cooperativa ANIS empezaron a recibir amenazas de muerte en forma escrita y anónima. Antes de la masacre, miembros de ANIS fueron avisados por miembros de la defensa civil, que éstos tenían una lista de subversivos y que varios miembros de ANIS habían sido identificados en dicha lista como subversivos”, cita el documento.

Fue la madrugada del 22 de febrero de 1983, cuando un aproximado de 200 soldados del ejército salvadoreño, en conjunto con miembros de la Defensa Civil, (ocultando sus rostros bajo máscaras), tendieron un cerco perimetral en los terrenos de la cooperativa de ANIS, en el Cantón Las Hojas, Sonsonate.

El mando militar estuvo bajo las órdenes del Capitán Carlos Alfonso Figueroa Morales y el Mayor Oscar Alberto León Linares, quienes lista en mano, procedieron a sacar a las víctimas de sus hogares, amarrados de sus dedos pulgares y sus brazos atrás de su espalda.

Felipa Bonilla, de 62 años, narró que eran las 6 de la mañana, cuando llegó el “ puño de soldados” armados, y se llevaron violentamente a su esposo Marcelino Sánchez, junto a otros vecinos.

“Había tenido una fiebre alta (Don Marcelino), estaba bien delicado y se lo llevaron, después oímos como un gran ruido dentro de un cumbo, eran las balas, nos quedamos adentro del rancho, fue hasta después, que el hermano Adrián, fue a verlos y nos dijo, ellos, ya no están con nosotros”, recordó.

Los cadáveres encontrados estaban en la ribera del río Cuyuapa, de los cuales 17 fueron identificados, y según el texto de la denuncia las fuentes, entre ellas, la Embajada de los Estados Unidos en el país, confirmó, el hallazgo de 74 cadáveres en el área.

“Todas las víctimas de la masacre identificadas y una que no fue identificada, habían recibido disparos a quemarropa en la sien o detrás de la oreja”, cita el documento.

El 11 de abril de 1983, se inició el proceso legal del caso «Las Hojas» en el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal de Sonsonate, con 13 imputados; posteriormente, el 15 de diciembre de 1984, el Juzgado determinó que habían suficientes pruebas para proseguir el juicio solamente contra 3 de los indiciados, sobreseyendo provisionalmente a los restantes.

El 30 de marzo de 1987, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Sonsonate, sobreseyó provisionalmente a los imputados por segunda vez, hasta el 28 de octubre de 1987, cuando la Asamblea Legislativa, decretó la Ley de Amnistía, que proporcionó protección completa a todos los participantes de la Masacre de Las Hojas.

Para Hilario Crespín Esquina, presidente de la ANIS, la falta de acceso a la justicia ha sido la constante histórica de la Nación Indígena, que los ha relegado social, económica y políticamente.

“Si esa Ley de Amnistía no da justicia, esperamos por lo menos, un juicio civil, para que los responsables paguen una indemnización a los familiares de las víctimas. Queremos que respeten nuestros derechos como todos los ciudadanos, queremos que respeten nuestra identidad y demandas”, puntualizó.