Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), responsabilizó al Presidente de la República, Elías Antonio Saca; a los Ministros de Gobernación, Miguel Bolaños y de Obras Públicas, Jorge Nieto, y al Director de Protección Civil, Jorge Barahona, de la muerte de 31 personas de la iglesia Elim, luego que la quebrada el Arenal se desbordara y arrastrara la unidad en que se conducían. La PDDH Exoneró a la alcaldía de San Salvador de la responsabilidad de este hecho que conmocionó a todo el país.

La Procuraduría hizo público hoy su resolución final, después de tres meses de investigaciones y análisis de lo que pasó el pasado 3 de julio en la Colonia Málaga, al desbordarse la quebrada, después de caer una intensa tormenta.

El informe explica que Saca tuvo responsabilidad por “omisión”, en la adopción de medidas que garantizan la seguridad de la población y los derechos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales. Al Ministro de Gobernación, por la falta de adopción de medidas para prevenir, mitigar y atender de forma efectiva la situación de desastres.

Al de Obras Públicas por no tomar las medidas adecuadas y suficientes en la zona de riesgo de la quebrada el Arenal, “siendo un factor que contribuyó a la ocurrencia de la tragedia”. Asimismo, indica la resolución que el director de Protección Civil, tiene responsabilidad por no haber conducido de manera apropiada el sistema de alertas y no utilizar investigaciones sociales y antropológicas en las comunidades en riesgo.

Según el informe, si las obras de mitigación se hubieran ejecutado en ese tramo, las posibilidades de riesgo de desborde no habrían existido.

El Procurador dijo que existen otros factores de responsabilidad del Estado como la falta de control del crecimiento urbanístico en San Salvador, que ha afectado la capacidad de infiltración en los suelos, aunado a la falta de drenajes, lo que provoca que el agua fluya sobrepasando la capacidad de las cuencas.

“Este informe se rinde en función del mandato Constitucional de la PDDH en el sentido de rendir informes y elaborarlos en lo pertinente para prevenir violaciones a los derechos humanos”, dijo Luna.

Luna explicó que este informe y posterior resolución dejó fuera a la alcaldía de San Salvador, porque al que le compete hacer todas las obras de mitigación “por la naturaleza del evento y en la naturaleza que se dio”, es a las otras instancias Estatales y no la comuna.

“Por eso tenemos al Ministerio de Obras Públicas, para eso tenemos Protección Civil que tienen competencia para atender de manera integral y prever este tipo de hechos, no directamente la alcaldía”, sentenció el procurador.

El informe final fue enviado a los culpados y entregado al pastor general de la iglesia Elim, Mario Vega. “Estamos satisfechos con las recomendaciones que son pertinentes, siempre nos sentimos respaldados por la Procuraduría y el Procurador”, dijo Vega esta mañana, después de conocer el informe y sentencia. “Es un llamado de atención a las autoridades, esperamos que reciban este llamado y tomen medidas y responsabilidad que les compete”, agregó el representante de la iglesia evangélica.

Vega reafirmó que como iglesia no están respaldando la demanda jurídica interpuesta por los familiares, porque para la iglesia el sistema de justicia “no goza de credibilidad” .

Por su parte, Jorge Alfonso Cruz, abogado de las 28 familias que han demandado al Estado por la tragedia, se quejó de la falta de acceso a la justicia y la violación al derecho de las familias de las víctimas de tener una sanción judicial, luego que el fiscal se niega a investigar.