Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

Marcelo Ferreira, presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), fue el encargado de leer la sentencia de condena contra las empresas transnacionales; contra los Estados, y las entidades financieras internacionales, responsables de institucionalizar la impunidad contra los derechos de los pueblos.

La sentencia del TPP fue emitida en el marco del III Foro Social de las Américas, realizado durante la semana del 7 al 12 de octubre, en la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), con el fin de analizar las temáticas de los movimientos populares, sociales y pueblos del continente, en la búsqueda de alternativas al capitalismo neoliberal. En la condena, del TPP recalca que era “inocultable la responsabilidad de los Estados de la Región, para que las multinacionales operen irrespetando los derechos de los trabajadores y trabajadoras en el continente; cuya actividad es por encima de ley, lo que permite el fortalecimiento de la impunidad”.

“Las transnacionales y los Estados, y las entidades financieras internacionales, están generando una impunidad institucionalizada, donde los Estados abandonan su rol, en la certeza que estas empresas se autorregulen, que vulnera directamente a los pueblos”, dijo.

Asimismo, reprobaron el comportamiento de los Estados, sede de las matrices de las transnacionales, que defienden como propias estas inversiones, para presionar a otros gobiernos a que protejan los derechos de las empresas.

Las instituciones financieras internacionales, como la Organización Mundial del Trabajo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Desarrollo Internacional, y el Banco Centroamericano de Inversión Económica y los Tratados Comerciales, también son responsables, pues, desde los planes de ajuste estructural, “impuestos” desde los años ochenta, hacia las economías llevó la privatización, con la excusa de modernización.

El Tribunal Permanente de los Pueblos, resolvió dejar por sentado la responsabilidad de todos los mencionados anteriormente, por vulnerar los derechos civiles, sociales, económicos, laborales, políticos y medioambientales de los pueblos.

Se “acusa ética y moralmente a los Estados y gobiernos de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. A las empresas transnacionales, a los Estados, cuya nacionalidad tienen las empresas matrices de las corporaciones analizadas; a la Unión Europea, a las Instituciones Financieras Internacionales (BM, FMI, BCIE, BID, OMC y Ada)”, leyó.

Asimismo, Exigió a los gobiernos que han otorgado permisos y concesiones, que afectan los territorios y condiciones de las comunidades, de pueblos campesinos e indígenas, sin cumplir con la consulta previa de informar y aprobación pertinente, la suspensión de los mismos, hasta que se realice dicho procedimiento..

“Exigir igualmente a los gobiernos el cumplimiento de la normativa nacional e internacional, en materia medio ambiental. Y exigir a los gobiernos centroamericanos el respeto irrestricto de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; e insta al gobierno y a la Organización Mundial del Trabajo (OIT), a cumplir y hacer cumplir nacional e internacional, la materia de derechos laborales”, sentenció. Y recomendó a los movimientos y organizaciones sociales, sindicales y pueblos en general, a crear un marco jurídico, que “permita regular y juzgar las actividades de las empresas internacionales, así como, lograr la figura del resarcimiento, indemnización y el pago de la deuda social, económica y ecológica generada por las transnacionales, en Centroamérica”.

La sentencia será dada a conocer y entregada a los gobiernos señalados, así como a los países que son matrices de las multinacionales, las empresas transnacionales denunciadas en la audiencia, a la Unión Europea y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.