Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

La Comisión de Derechos Humanos  de El Salvador (CDHES) instó a los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Chile a ratificar el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, como un instrumento para administrar justicia e impedir la impunidad.

La petición de las organizaciones sociales sobre la adhesión al Estatuto de Roma, fueron vertidas en la Reunión Regional para América Latina de la Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI), que se realizó entre 1 y el 3 de octubre de 2008, en ciudad de Guatemala.

Miguel Montenegro hizo un llamado a  los gobiernos participantes, en la 5ta. Ronda de Negociaciones, para que refrenden el componente político relacionado a la Corte Penal Internacional, en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.

“El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) es un tratado que crea un tribunal permanente, independiente e imparcial, con la facultad de enjuiciar a las personas responsables de los crímenes internacionales de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. Los gobiernos deben de entender que la CPI es una contribución a la democratización de los Estados”, señaló.

Asimismo, explicó  que la CPI  tiene un compromiso de toda la comunidad internacional, para promover y proteger de forma integral los derechos humanos.

“Debe existir un verdadero compromiso  de aprobar la CPI. Sabemos que muchos militares temen por esta corte, porque piensan que serán juzgados y no estamos buscando venganza, se busca justicia y  garantizar que la impunidad no siga prevaleciendo”, dijo.

Sobre la política de la Unión Europea, hacia la Corte Penal Internacinal, su objetivo es el de apoyar el efectivo funcionamiento y avanzar en el apoyo universal , promoviendo la más amplia participación posible en el Estatuto de Roma.

“Sabemos que muchos quieren que las heridas se cierren, sin existir de por medio la justicia y eso no se puede cimentar en una sociedad democrática, como pregonan los funcionarios de gobierno”, acotó.

Por su parte, el abogado de la CDHES, Víctor Pérez, mostró su preocupación por la falta de interés del Estado salvadoreño de adherirse a espacios de derecho internacional, citando la firma de un tratado bilateral, entre la  Cancillería salvadoreña y el gobiernos de los Estados Unidos, que impide toda extradición de salvadoreños o estadounidenses a escenarios jurídicos internacionales.

“No pueden argumentar que es intervención extranjera, porque la CPI es un complemento de las jurisdicciones nacionales y se activa cuando los Estados (países) no pueden o no tienen voluntad para aplicar justicia. Esas actitudes gubernamentales reflejan una decisión de impedir la aplicación de justicia en el país”, comentó.