José M. Tojeira

La economía salvadoreña, tal y como funciona, es una maquinita de producir violencia. Es violenta en sí misma. En efecto, la economía es un instrumento, un modo de relación entre seres humanos que debe revertir en crecimiento de humanidad. Pero cuando esta estructura social de intercambio de bienes, incluido el trabajo como un bien, permite que haya gente que muere a causa de esa relación, algo grave falla en ella. Y la vuelve violenta.. Porque la muerte a causa de desnutrición en un país donde hay abundancia en diversos sectores, es y será siempre un acto de violencia.

No una casualidad ni un acto de la naturaleza. Sino un acto humano en el que todos, de alguna manera somos responsables. Pero especialmente responsables quienes no quieren introducir cambios en ese modo de relación que es la economía y que permite esas disparidades que bien podemos llamar mortales.

Hoy en día, y más en un país como el nuestro donde últimamente la pobreza está creciendo, es violencia económica el darle más importancia a los impuestos regresivos que a los progresivos, al IVA más que al impuesto sobre la renta. Como es violencia también el derroche, el gasto superfluo, el creerse más por tener más, sin respeto a los pobres y sin miedo a ofender al que nada tiene.

Pero no sólo la economía es violenta. Hay otras muchas formas de las cuales enumeramos algunas. Obligar a la gente a emigrar es un acto de violencia.

No es lo mismo que deportar a alguien. Pero sí se produce un acto de violencia en la medida en que se le dificulta a las personas el logro de oportunidades válidas, y se le obliga en la práctica a emigrar si quiere buscar una autorrealización coherente con los propios valores y capacidades.

Mentir es también un acto de violencia, en la medida en que se le niega a la gente su derecho a la verdad. Y en El Salvador muchos mentimos de muchas y muy diversas maneras. Pero tal vez la mentira más agresiva es la de decir a los pobres que estamos bastante bien, que otros están peor y que tenemos amplios derechos y grandes oportunidades.

Mentimos porque en realidad sabemos que hay desnutrición y que ésta no sólo reduce la talla corporal, sino que limita también las posibilidades intelectuales. Lo mismo que cuando hablamos de una justicia igual para todos sabiendo que el sistema judicial difícilmente da la razón al que tiene menos dinero. Si escrutamos en la Fiscalía los casos que no llegan a juicio veremos que son de la gente más pobre y sencilla. Incluso los casos perdidos no cuentan casi nunca con el acompañamiento de acusadores privados.

La corrupción es un acto de violencia. Desde pagarle a un policía la multa hasta darle una tajada a un alcalde tras el otorgamiento de un proyecto. Desde privatizar bancos a precios de regalo a los amigos hasta buscar influencias partidistas (cuello) para conseguir un puesto en la burocracia.

Cuando el mérito se mide por la fidelidad a los colores del propio partido, el maltrato a los rectos y honrados crece desmesuradamente. La débil institucionalidad no es más que un reflejo de la corrupción existente, que va más allá de la distinción entre legal e ilegal. Vistos los precios de venta de las acciones de los bancos privatizados a principios de los noventa no podemos decir menos que aunque la privatización fue legal y estaba amparada por una ley, fue al mismo tiempo un enorme acto de corrupción.

Cuando le echamos la culpa al Gobierno y a la Policía de la violencia imperante, de los crímenes, asesinatos, extorsiones, robos, tenemos algo de razón, porque el esfuerzo en la lucha contra el crimen debería ser mayor todavía. Pero no tenemos toda la razón. Porque la violencia social y delincuencial que nos rodea tienes sus raíces en un modo de funcionar socialmente que no acabamos de cuestionar con la suficiente radicalidad.

Vivimos en un mundo que ha universalizado los derechos humanos, que ha optado por la democracia y que busca modelos estatales donde la responsabilidad social, la libertad y el derecho sean la savia del funcionamiento del Estado. Por eso hoy no podemos lograr la cohesión social si olvidamos los derechos básicos económicos y sociales, si manipulamos la democracia al servicio del más fuerte, si separamos libertad de oportunidades, y si el derecho solo funciona bien cuando se engrasa con dinero.

La violencia es algo más que la brutalidad que vemos en la calle. Es también nuestro modo de vivir indiferentes ante la injusticia, el crimen, la corrupción o la debilidad institucional. Y ambas realidades, violencia y delincuencia callejera, e irresponsabilidad social y falta de solidaridad, constituyen las dos caras de un mismo problema.

Necesitamos reconstruir la sociedad salvadoreña dignificando el trabajo honrado, protegiéndolo con redes sociales de calidad, ofreciendo una educación suficientemente buena como para que todos tengan oportunidades básicas semejantes, impulsando con seriedad la salud de calidad igual para todos, la prevención, la nutrición y la eliminación de enfermedades controlables.

Una sociedad con márgenes de libertad muy amplios y donde la libertad no sea sólo de movimiento, huida o migración.. Sino donde libertad signifique verdadera posibilidad de humanizarse y de tener la oportunidad de labrar la propia vida de acuerdo con las propias capacidades y vocación.