Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

La creación de una red ciudadana, que exija la transparencia de los funcionarios e instituciones, promueven diferentes organizaciones sociales que pretenden como base una contraloría pública.

El derecho a la contraloría ciudadana del país se reconoce en el artículo 86 de la Constitución de la República, que establece “que el poder público emana del pueblo y que los funcionarios gubernamentales, son delegados de los ciudadanos, y no tienen más facultad, que las que expresa la ley”.

Para ello se lanzó la Campaña “Sin vos, no hay Transparencia”, como un esfuerzo de las organizaciones Fundación Heinrich Böll (FHB), Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Fundación Maquilishuat (FUMA), el Movimiento de Mujeres “Mélida Anaya Montes (MAM) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

Lina Pohl, de la Fundación Heirich Böll, afirmó que el uso de los servicios públicos, es una nebulosa de procesos y formularios, que irrespeta abiertamente el derecho de todos al libre acceso de la información pública.

“La ciudadanía es como el sexo, no te enseñan como va, pero todos pasamos por eso. Muchos de nosotros no sabemos cómo entablar una demanda frente a un gobierno o empresa que te estafa, que viola tus derechos ciudadanos o el propio desarrollo de los pueblos”, acotó.

Por su parte, Jaime López, de FESPAD, acotó que la falta de contraloría genera un espacio a las entidades gubernamentales a prácticas antiéticas y a fortalecer la corrupción. El anuncio de la construcción de la Presa El Chaparral, para López, es emblemático manejo del “secretismo”, en obras anunciadas, para “beneficio de la población”. “¿Cómo puede ser posible que la adjudicación de la obra se dé a conocer el mismo día de la inauguración de la obra?”, cuestionó.

“La gente debe involucrarse y nos deben interesar los elementos de la gestión pública, sino se presentan este tipo de problemas de transparencia, esa falta de acceso a la información, cuyo manejo inadecuado genera corrupción”, acotó.

Mientras, Ramón Villalta, director ejecutivo de la ISD, señaló que históricamente la exclusión o autoexclusión ciudadana, se debe a los rasgos de una cultura política autoritaria, que ha permeado el interés de la ciudadanía.

“Los ciudadanos o ciudadanas, se alejan, pese a ser sujetos de derechos inalienables. Y los funcionarios públicos se hacen dueños de la política, y como tal, se apropian del espacio público excluyen a la población. Es la partidocracia institucionalizada, que mantiene secuestradas a las y los salvadoreños”, opinó.

Ante esta situación, las organizaciones proponen trabajar en la construcción de una red ciudadana, cuyos principios de contraloría permitan el libre acceso a la información, uso y difusión de ella, para beneficio de la transparencia pública y la democracia social.

La contraloría ciudadana, como tal, es una forma de ejercer, promover y defender los derechos humanos, que inicia con delimitar el quehacer de las instituciones públicas.

Manuel Alejandro Orellana, de la Red de Contraloría Ciudadana, expresó que: “Tenemos el derecho a agruparnos y ejercer una contraloría civil, con el fin de evaluar la gestión de las instituciones del Estado y sus funcionarios”.