Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

Después de más de un mes de interpuesta la demanda en contra de tres ministros y el Concejo Municipal de San Salvador, el abogado de los familiares de las víctimas de la Colonia Málaga, Jorge Alfonso Cruz, criticó que el Fiscal General de la República, Félix Garried Safie, no inicie el proceso de investigación.

El abogado demandó a los funcionarios y Concejo Municipal por los delitos de omisión, estragos y homicidio culposo, por la muerte de las 31 personas que fueron arrastradas por el desbordamiento de la quebrada el Arenal, cuando se trasladaban de un culto hasta sus casas en un bus el pasado 3 de julio.

- El pasado 19 de agosto se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República….
En representación de las víctimas se presentó una denuncia en la Fiscalía para que investigara la responsabilidad de lo que pasó en la Colonia Málaga, y el 1 de septiembre se pidió una ampliación para los Ministros de Medio Ambiente y Ministro de Gobernación. Nosotros estamos actuando como víctimas, este proceso no es de oficio, le estamos exigiendo al fiscal que investigue lo que pasó.

- Se está pidiendo responsabilidad penal…
Si, por eso yo les acuse a ellos (ministros y concejo) en base al delito de estragos, omisión y homicidio culposo. Ellos no sólo pueden ir a pintar o tratar de hacer contratos como hacen los partidos políticos de resolver los problemas si votan por ellos, es una obligación del Estado resolverlos. Que lindo fuera que estas personas estén en el banquillo de los acusados para marcar un precedente más que una sanción, y recordemos que toda acción penal lleva responsabilidad civil.

- Responsabilidad civil que implica indemnización…
Claro. En base a pruebas, gastos médicos que han tenido los familiares, en base a lo que han dejado de percibir, lo que van a dejar de percibir en el futuro. Hay gente que tiene hipotecada su casa, gente que murió recibía el salario. La gente no recibe ayuda, nada, entonces hay muchos elementos que se tienen que llevar a un tribunal civil. En base a todo eso el juez podría decir. Nosotros estamos pidiendo 100 millones de dólares, pero será el juez el que tendrá que decidir.

- ¿Hay pruebas que indiquen responsabilidad?
Tenemos siete testigos, hay un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

- ¿La petición de antejuicio es para avanzar?
Exacto. El artículo 281 del Código Procesal penal dice que yo, como abogado de las víctimas, tengo que agotar todos los recursos con el fiscal, pero viendo que el fiscal no quiere actuar, pido a la Asamblea Legislativa el antejuicio para los tres ministros, y con el concejo municipal no es lo mismo, porque ellos pueden comparecer en juzgados comunes, pero aún no quieren.

- ¿La fiscalía no quiere iniciar una investigación en contra de los tres ministros y el concejo municipal?
En base al artículo 193 de la Constitución, le corresponde al fiscal investigar de oficio. Pero en este caso nosotros (abogado y víctimas) nos hemos declarado ofendidos, entonces por Ley, el fiscal tiene la obligación de investigar lo que ha sucedido. Lo que pasa es que él no quiere investigar.

- ¿Qué le impide al fiscal abrir la investigación?
Es que si toca a la alcaldía tiene que tocar a los ministros. Yo he presentado cuatro escritos a la fiscalía solicitando que me reciba los testigos, solicitando que pida al OPAMSS sus proyectos de mitigación, solicitando que le pide a la comisión de Medio Ambiente toda la investigación que ellos tienen y no quiere. Hemos solicitado la reconstrucción de los hechos, por las especulaciones, y no quiere.

- ¿Por eso se muestra apático a la denuncia?
En verdad hay culpa del Estado. El señor Ministro de Obras Públicas tiene que ver indiscutiblemente con los proyectos de mitigación. El señor Ministro de Medio Ambiente tiene que ver los proyectos de prevenir o establecer planteamientos a nivel nacional sobre los puntos donde existe problema. El Ministro de Gobernación tiene que ver, porque él, en base al sistema nacional de protección civil y las dependencias, tenía que decretar una alerta, y ese día no se dio.

Entonces a eso se le llama cómplices no necesarios, cooperan indirectamente, porque si hubiera dado una alerta ese 3 de julio, habría existido precaución para toda la población. Entonces el señor fiscal sabe que hay un hecho grave, pero como va a acusar al que le está dando de comer.

- Si no se abre una investigación se estaría violentando el debido proceso o negando la justicia a las familias de las 31 personas que murieron
No es un obstáculo, es una grave violación a los derechos constitucionales de la víctimas.

- ¿Tienen planificado llevar el caso a instancias internacionales?
Claro. Pero las instancias internacionales piden que se agoten los recursos en el país. Desde un punto de vista favorece que se opongan, porque agoto esos recursos. Entonces a donde puedo acudir yo, cuando ya pedí los antejuicios a la Asamblea Legislativa, porque es allí donde yo debo de recurrir, porque es el controlador del fiscal. Entonces si aquí no se quiere hacer absolutamente nada en cuanto a la investigación, lo que corresponde es llevar el caso afuera. Llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

- ¿Está consciente que el caso podría quedar archivado?
Aquí no ganamos. Pero afuera sí ganamos. Este es un proceso que durará unos cinco años de barato.

- ¿No es un proceso muy largo para las familias de las víctimas?
Ellos están concientes, aún con estos obstáculos que nos está poniendo el señor fiscal. Lo que sucede es que se tiene que marcar precedentes, si el señor fiscal no quiere investigar, entonces tendremos que presentar un antejuicio para él por omisión a la investigación.