Pro-Búsqueda demandó la creación de una comisión imparcial e independiente, propuesta de anteproyecto normativo, para la búsqueda de niños y niñas desaparecidas durante el conflicto armado. Foto Diario Co Latino/Beatriz Menjívar

Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

Arcadia Portillo, de 76 años de edad, lucha por controlar sus lágrimas cuando habla de la desaparición de sus dos hijas durante el conflicto armado en los años ochenta. Este caso, junto a un centenar más, demandan del Estado salvadoreño la creación de una comisión que investigue y determine el paradero de las víctimas.

El próximo 6 de octubre expira el mandato de la “Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos a Consecuencia del Conflicto Armado en El Salvador”, creado por el Órgano Ejecutivo en 2004, ante la sentencia condenatoria que recibió el Estado salvadoreño en 2005, por el caso de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La propuesta de anteproyecto normativo para la búsqueda de niños y niñas desaparecidas durante el conflicto armado, es para Zayra Navas, jurista de Pro Búsqueda, una oportunidad para promover la garantía a los derechos de la verdad, justicia y reparación de las víctimas.

“El Estado salvadoreño está obligado constitucionalmente a respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado interno del país”, dijo.
Arcadia perdió a Ana Julia de 14 años y a María del Carmen Portillo de 7 años de edad, cuando vivían con su tía en lo alto del Cerro Pando, Morazán.

“Yo trabajaba en ese tiempo (1981) en el municipio de (San Francisco) Gotera, cuando se llevaron a las niñas, pasó eso tan terrible, mataron a Etelvina mi hermana y a la gemelita de María del Carmen, se llamaba Carmelina, llegó el ejército entre las 10 de la mañana y se fueron como a la 2 de la tarde, mataron a la gente y se llevaron a mis otras dos hijas”, narró.

La iniciativa para una nueva normativa y comisión de búsqueda de desaparecidos por el conflicto armado contó con el apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), cuyo procurador adjunto Salvador Menéndez Leal, consideró, era “una demanda imperativa que sobrepasa la moral y la ética”, y la iniciativa de ley de los partidos FMLN y Cambio Democrático.

Navas agregó que “sabemos que el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en resoluciones de septiembre de 2006 y junio 2007, ha sido que la comisión de búsqueda, creada por el decreto Ejecutivo, no cumple con los parámetros dictados en la sentencia del caso Serrano Cruz versus El Salvador”.

La nueva “comisión de búsqueda” tendrá según las nuevas disposiciones un compromiso con la eficiencia, la independencia de trabajo y la imparcialidad en las investigaciones, para que permita el reencuentro de las víctimas desaparecidas con sus familias biológicas de manera respetuosa y digna.

“La comisión tiene que garantizar la verdad, el acceso a la justicia y procurar reparaciones adecuadas, con la participación de las organizaciones dedicadas a la determinación del paradero de los niños y niñas, y la comunidad, ejerciendo su función de preservar las pruebas y evidencias que obtengan, aunque no tengan competencias jurisdiccionales (poder o derecho para juzgar)”, explicó.

En cuanto a la composición de la Comisión de Búsqueda, la propuesta contempla la designación de 3 personas, que se llamarán comisionados, con reconocida trayectoria en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos, así como competencia moral en los últimos 10 años, que anteceden a su nombramiento.

Y no podrá ser comisionado o comisionada ningún funcionario público, magistrados, ministros, viceministros, o parientes en cuarto grado de consaguinidad, miembros de partidos políticos o militar de profesión.

El nombramiento será el primero por la Corte Suprema de Justicia, el segundo por el Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el tercero, por las organizaciones de la sociedad civil, quienes serán elegidos por la Asamblea Legislativa, previo una ronda de entrevistas para verificar antecedentes e idoneidad para el puesto.

“La comisión tendrá la facultad de investigar de oficio o por petición de cualquier ciudadano que dé información sobre el desaparecimiento forzado de niños o niñas. Y deberá promover el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y preservar el derecho a la identidad de las personas que son víctimas de las desapariciones”, argumentó.

Pro Búsqueda, desde su fundación en 1993 por el Padre Jesuita Jon Cortina, ha documentado alrededor de 732 casos, de los cuales 332 han celebrado un reencuentro y 400 continúan desaparecidos. “Nosotros sabemos que cuando la gente vea el trabajo de esta nueva comisión de búsqueda, perderá su miedo y pedirá que se encuentre a su familiar”, concluyó Navas.