Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

El anuncio de la Comisión Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT) de construir en un tramo denominado “Frente de playa” del Puerto Cutuco, La Unión, se ha convertido en amenaza de desalojo para los pescadores artesanales que viven de las aguas del mar, desde hace más de 60 años.

José Alfredo Sánchez Méndez, presidente de la Asociación Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal “Un Nuevo Día” de R.L. La Unión, señaló que pese a las reuniones sostenidas con la Comisión Nacional, la Marina, y el gobernador departamental, no han logrado acuerdos para que las comunidades obtengan un espacio en el “frente de playa” (extensión de terreno a lo largo de la costa).

“Vinieron con un video bien bonito, todo de colores, y nos enseñaron como quedaría el puerto, el frente de playa, los montones de hoteles, balnearios, restaurantes, para el turismo… con los extranjeros, pero ¿y nosotros qué? queremos pedirle al gobierno que nos incluyan en el desarrollo y no nos dejen fuera de los beneficios”, expresó.

El Puerto de Cutuco se proyecta como plataforma de intercambio comercial a nivel internacional, con características de un atracadero de tercera generación

(servicio automatizado) que por ahora enfrenta contratiempos en su financiamiento y la participación del Estado en la operativización del mismo.

El proyecto gubernamental para esa zona contempla la construcción de hoteles de playa, balnearios temáticos, restaurantes y otras atracciones de esparcimiento a turistas, extendiéndose en un kilómetro de ancho por 15 kilómetros hacia adentro de la costa, lo que afectaría directamente a las comunidades: La Fuerteza, La Playa, Campo Villalta, Punta Jocote y El Güisquil.

Los caseríos Punta Jocote y Güisquil, designados como “Parcela 10” están destinados para el primer Acuario Nacional, ya que cuenta, con abundante “Madre Sal”, árbol conocido por “Corumo”, del cual se alimenta la fauna marina.

La reubicación tentativa removería a más de 548 familias, hacia los caseríos Las Maderas, El Pilón y el cerro El Melonar, y ante ello los pescadores no podrían continuar sus actividades de pesca.

La CND enfocó el interés de desalojarlos de la orilla por el desorden y suciedad que se genera alrededor de las comunidades, donde no cuentan con un servicio de alcantarillado, ni tratamiento de aguas negras, dijo Sánchez.

“Nos dijeron que es intransitable, desaseado y que afea el lugar, que era contraproducente frente al Puerto de Cutuco, que sería puerta internacional, pero no dicen nada de la contaminación que harán los buques o barcos que van a tirar diesel quemado, aceites y sus desechos, a la bahía, esto va a matar la fauna marina ¿qué dice de eso la CND?”, cuestiona.

El pescador afirmó que de reorientar la distribución de comunidades en el territorio que ocupará el frente de playa, los gastos deberán correr por la parte, gubernamental.

“Nosotros ya tenemos hechas las casas (algunos con 60 años de residir en la zona), si esto afea y atrasa el desarrollo, entonces, que nos ordenen la zona pero que paguen ellos (el gobierno). Nos han propuesto un plan de vivienda y urbanismo y quieren que paguemos nosotros esa deuda de una nueva casa que es a largo plazo nos dijeron, pero la mayoría de nosotros ya tenemos una y es digna, entonces si nos van a dar una casa que la construyan y paguen ellos”, aclaró.

Actualmente, el dragado del lecho marino por la construcción del Puerto Cutuco, está afectando la actividad pesquera artesanal, según denunció Sánchez, quien comentó que han dejado de recolectar alrededor de 50 libras diarias de camarón, ya que las especies marinas huyen por la contaminación.

“Hemos presentado una pieza de correspondencia ante la Asamblea Legislativa, para que declaren zona de emergencia la costa de la bahía y mitiguen nuestros daños. Aquí no ajustamos para el combustible, son de 10 a 20 dólares diarios y sacamos apenas una libra de camarón, la pagan a un precio arbitrario, y encima no nos devuelven los 0.20 centavos del FOVIAL, que ya es ley, que a los pescadores artesanales se los devuelvan, porque no saben como hacerlo, estamos entre la espada y la pared”, comentó.

Asimismo, la Dirección de Protección Civil ha definido que Campo Villalta es una zona de alto riesgo, ya que las quebradas El Zope y Bellavista, la atraviesan, lo que genera inundaciones hasta por lluvias de una hora de duración, desde la derivación del Bypass, que se construyó cerca del cerro de Conchagua.

Por su parte, Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos El Salvador (CDHES), explicó que este tipo de megaproyectos derivan en confrontaciones entre la población y las autoridades gubernamentales, por la falta de consulta con ellos y estudios de impacto ambiental técnicamente profesionales.

“Estos pobladores en La Unión, junto a los afectados por la explotación minera; la población que reside en las vías férreas, y los pequeños agricultores que enfrentan la construcción de las represas, son víctimas del desarrollo, y nos preocupa la falta de diálogo de la autoridades gubernamentales y la población”, señaló.

No obstante, afirmó que trabajarán en las temáticas mencionadas para agotar la institucionalidad del país, en busca de una propuesta viable para los problemas de la gente; aunque no descartó las instancias internacionales.

“Trabajamos en red de federaciones de defensa de los derechos humanos, así como una plataforma latinoamericana. Nosotros estamos dispuestos a ayudar a la gente y llevar la denuncia hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque es importante el respeto a las demandas de los pueblos”, puntualizó.