Mirna Jiménez
Redacción Diario Co Latino

Cuando la vida les puso la posibilidad de tener un solar (terreno) propio lo único que consiguieron fue contaminarse con plomo, ahora Marine González solo pide que el gobierno les indemnice y saquen la escoria de la Fábrica de Baterías Record y les brinde algún beneficio directo.

A un año del cierre de la fábrica, no se ha hecho nada por descontaminar la zona, ni por reparar los daños generados a la familias, mientras un promedio de un mil 500 siguen absorbiendo el aire envenenado y cargando con una serie de dificultades generadas a raíz de la problemática ambiental.

González llegó hace cuatro años a Sitio del Niño, en San Juan Opico, un pariente de su esposo les dijo que tenía un terrenito que podían pagarlo por cuotas y ayudarse, esto les pareció una puerta abierta de beneficio al núcleo familiar que no tenía adonde vivir.

“Vivo atrás, como a 100 metros me queda la escoria y en esos cuatro años los niños se fueron arriba de contaminados. El niño tenía dolores de estómago, sangra- miento y comenzó a convulsionar”, relata esta mujer de 27 años de edad y madre de 3 hijos.

Ella tiene 9 microgramos por decilitro de sangre, uno de sus hijos el plomo llegó a 31 microgramos por decilitro de sangre, y los otros dos menores, presentan cuadros similares.

Medicamentos y tratamiento no han recibido nada, solo que a los niños les pasan sacando sangre muy frecuente y esto los incomoda, asegura.

El esposo es albañil y pese a que sangra por la nariz y tiene dolores de cabeza el trabajo que tiene no le da tiempo para ir a consultar, pues es el único que labora en el hogar formado por cuatro personas.

Los niños han dejado de ir a la escuela, porque se tuvieron que ir a vivir con unos parientes.

González, junto a otros afectados hicieron un llamado a que se les ayuda con traslado a otra parte o se hagan trabajos de descontaminación, además se indemnice o se declare el lugar como zona de emergencia y los trasladen.

“Que saquen la escoria”, pidió González.

La denuncia fue realizada, con el acompañamiento del Centro de Tecnología Apropiada (CESTA).

“La Fiscalía debería actuar de oficio y de urgencia, el señor fiscal no sirve para el puesto. Pero es también negligencia de todas las instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud deberían de tener una evaluación de como ha sido el daño ambiental”, manifestó.

“Los abogados están pidiendo muestras del río que pasa cerca, posiblemente tenga menos plomo del que tenía”, señaló.

Cristina de Mejía, otra afectada, dijo que hay 800 personas que tienen las demandas en la Fiscalía General de la República y que se le han agregado los 400 empleados que también están con plomo en la sangre, “pero no hay respuestas de beneficio directo”.