Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

La creación de una Comisión Especial para investigar casos de evasión fiscal y actos de corrupción fue propuesta ayer por la organización Llamado contra la Pobreza y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

La iniciativa será presentada la próxima semana formalmente al pleno de la Asamblea Legislativa, para que pueda ser analizada por los “padres de la patria”.

Armando Pérez, de CODEFAM, explicó que la propuesta es que todos los partidos políticos integren dicha comisión para investigar y esclarecer algunos casos de corrupción.

Para la organización promotora de los derechos humanos, “la falta de transparencia y la corrupción tiene efectos negativos en la democracia, el mercado y las condiciones de vida de las personas. En particular nos interesa llamar la atención sobre los impactos que genera en las personas más pobres”.

Entre los casos más sonados está la evasión fiscal del Banco Agrícola Comercial, Credomatic y Cuscatlán, en 2002, cuyo monto podría sumar unos 80 millones de dólares.

Sin embargo, los reparos por los que finalmente dictaron condenas en primera instancia, fueron de 8.5 millones de dólares, es decir, en estimación al menos un 83.8% de las irregularidades quedaron desvanecidas y no justificadas.

Asimismo, no se puede indagar sobre el uso de la publicidad y los fondos que utiliza el actual Presidente de la República, Elías Antonio Saca. Según los datos, el incremento de la publicidad creció de 1.2 millones en el periodo de Francisco Flores a 23 millones en el periodo de Saca.

Jaime López, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), criticó que al no existir una investigación de casos de evasión y corrupción “las personas perfectamente pueden evadir la justicia” y que muchas veces el mismos sistema cerrado de “cómo se manejan las instituciones del Estado” contribuye a que estos dos delitos se cometan en el país.

López explicó que si se conforma la Comisión Especial, esta podría revisar el marco legal actual, proponer reformas para sancionar estos ilícitos y darle seguimiento a los casos de evasión fiscal o actos de corrupción que no son investigados.

La comisión tendría la responsabilidad, además, de buscar mejoras en el sistema de control del enriquecimiento ilícito de funcionarios y funcionarias; la aprobación de una ley de acceso a la información pública.