Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

Alejandro Díaz, jurista  de Tutela Legal y querellante por parte de los padres de familia de los niños contaminados con plomo, expresó su preocupación por el desarrollo del proceso Judicial en el caso de Baterías de El Salvador (Récord), diligenciado en el Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico, Departamento de La Libertad.

La denuncia del abogado se unió  a la de las familias afectadas, quienes afirmaron la semana pasada, en conferencia con los medios de comunicación, junto a la UNES y FESPAD, sus dudas por el manejo que la Fiscalía General de la República y los abogados defensores están realizando en el caso.

Díaz afirmó que el juez de Instrucción de San Juan Opico, está recibiendo ofensas groseras y prepotentes, con el fin de obstaculizar el proceso judicial que el juzgado lleva a cabo, hasta el momento.

 “Las ofensas han llegado a tal punto, que la defensa de los directivos y jefes de planta de la Sociedad Record, han pedido la recusación  de dicho juez. Bajo los argumentos de que el juez ha emitido judicialmente su opinión sobre aspectos de hecho y de derecho de la causa, adelantando criterios”, dijo.

No obstante, el jurista explicó que como instituciones de derechos humanos, consideran que el  funcionario en ningún momento debe  admitir este tipo de afirmaciones difamantes y que ponen en riesgo la investigación sobre los responsables de la contaminación.

“Si este incidente pasa a la Cámara de la Cuarta Sección del Centro, con sede en Santa Tecla, se deben de respetar y garantizar los principios de oralidad, contradicción, igualdad, inmediación e imparcialidad, que hasta el momento consideramos ha respetado el  juez de Primera Instancia de San Juan Opico, quien no ignora lo prescritos en las leyes penales tal como lo aseveran los representantes de la Empresa Record, de forma malcriada y mal intencionada en la recusación presentada”, explicó.

El abogado de Tutela Legal exhortó a la  Corte Suprema de Justicia, a estar atenta al respeto de los  principios anteriormente señalados, para evitar  que la independencia judicial  quede en entre dicho: “no podemos permitir (independencia judicial), sea pisoteada por abogados que están acostumbrados a ganar sus casos, por medio de presiones y ofertas económicas”, señaló.