José M. Tojeira

La pobreza ha crecido en El Salvador. Y lamentablemente no es noticia. La encuesta de hogares de propósitos múltiples, gubernamental, está ya terminada en lo que respecta al año 2007. A pesar de ser información pública no se ha publicado ni tienen acceso a ella de momento estudiosos universitarios o periodistas. Los datos que se han ido filtrando hablan de aumento notable de la pobreza. Un ocho por ciento en el campo y un cuatro por ciento en el conjunto nacional. Son cantidades grandes si tenemos en cuenta que en el primer semestre de este año 2008 los costos de la canasta básica siguieron aumentando. Y los cálculos con los que se medía la pobreza en el 2007 ya no pueden ser los mismos en el 2008. En otras palabras que la pobreza ha seguido aumentando en este primer semestre del año y, probablemente, a pasos fuertes.

Algunos economistas con conocimiento del alza de los precios y con experiencia en los análisis de pobreza calculan que entre el año pasado y el actual el número de pobres ha alcanzado ya a un cuarenta por ciento a nivel nacional. Eso utilizándolos mecanismos de medición oficial y sin tener en cuenta otros datos como el que nos da el PNUD, que habla de 81% de la población carente de un empleo decente. Aun ateniéndonos a cálculos con el manejo oficial, la subida en los porcentajes de pobreza significan un duro golpe para el avance de la ciudadanía y la convivencia salvadoreña. Un retroceso notable respecto a los objetivos del milenio y, en parte, una explicación de por qué, a pesar de un mejor trabajo en el ámbito policial, no disminuye la violencia en nuestra patria.

Con los altos índices de disparidad en el ingreso entre los sectores ricos y los pobres, la pobreza es claramente una forma de violencia social. Y como siempre se ha dicho, la violencia engendra violencia. No queremos decir acá que la pobreza sea el único factor generador de violencia, pero su aumento, unido a la disparidad, incide ciertamente en el crecimiento de la misma. De confirmarse los datos estaríamos hablando de un retroceso de diez años en nuestras tasas de pobreza. Economistas amigos opinan que el aumento de la extrema pobreza en el 2007 equivale a más del triple del número de familias en esa condición que habitaban en los 32 municipios seleccionados por Red Solidaria cuando inició el programa.

 En este contexto podemos entender la necesidad de los subsidios, la imposibilidad de rebajarlos en época preelectoral, y el éxito que puede tener una propaganda gubernamental hablando del alivio que significan. Pero ciertamente no podemos construir la convivencia social sólo a base de subsidios.

La crisis alimentaria y energética que ha golpeado los bolsillos de los salvadoreños va para largo, y los subsidios no pueden crecer eternamente. Necesitamos repensar la economía de otra manera, y junto con ella hablar de una mejor redistribución de los beneficios del crecimiento económico. Redistribución y justicia social.

Porque el país, con todo y crisis, habla de un crecimiento posible del cuatro por ciento en su Producto Interno Bruto. Pero crecer económicamente y aumentar simultáneamente la pobreza no conduce a nada bueno. Las experiencias del pasado debían habernos enseñado que no hay muros que los empobrecidos no se puedan saltar cuando su número crece y se desesperan.

Tampoco podemos esperar ingenuamente que quienes caigan en la pobreza aspiren únicamente a saltarse el muro que los gringos construyen a lo largo de su frontera. Hay muros morales, legales, institucionales y físicos que pueden ser saltados muy fácilmente en El Salvador, con todo lo que conlleva de descomposición social.  Dejar que la pobreza crezca es abonar una sociedad fracasada.

Evidentemente hay que pensar en una economía que crezca, en una iniciativa privada y en una política estatal de apoyo a la misma que produzca más riqueza y más aceleradamente, en una preparación mejor de los trabajadores, a nivel de educación formal y de formación profesional, en un pacto de empleo decente y cohesión social, que con tanto acierto recomendaba el PNUD. Pero simultáneamente hay que trabajar todos aquellos elementos de justicia redistributiva y social que tenemos olvidados. Desde el campo fiscal hasta la universalización de una seguridad social digna.

Desde el apoyo y la inversión focalizada en las zonas donde la pobreza abunda, hasta el mejoramiento acelerado de esos pilares del desarrollo que son la educación, la salud, la vivienda y la creación de oportunidades para los jóvenes.

 La pobreza esta ahí y es el reto prioritario de nuestro futuro inmediato. Las respuestas que tratan de paliar la crisis, como las que dimos en una de las últimas Comisiones presidenciales, son importantes. Pero no resuelven el problema de la pobreza, sólo aminoran algunas de sus consecuencias.

 Necesitamos enfrentar con seriedad la pobreza, darle seguimiento sistemático, ser transparentes en el tema, convertir su erradicación en un tema nacional y dar prioridad política a pactos interpartidarios que contribuyan a la lucha sistemática contra la misma. Lo contrario sería contribuir al agravamiento progresivo de nuestros problemas, que ya son muchos.