Asunción/dpa

El presidente del Congreso de Paraguay, Enrique González Quintana, y el vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Juan Manuel Morales, negaron hoy haber participado en una reunión con fines golpistas como había denunciado el jefe de Estado, Fernando Lugo.

"Es una infamia" dijo González Quintana al negar que haya habido alguna reunión con fines golpistas. "No existió ninguna reunión; no existe ni existió conspiración, me enteré por la prensa", dijo y aseguró que es "un invento del Poder Ejecutivo".

Lugo denunció un intento golpista que fue abordado en una reunión mantenida el domingo entre el ex presidente Nicanor Duarte Frutos, el general retirado Lino Oviedo, el ministro del Tribunal Electoral, Juan Manuel Morales, y el fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla.

Según Lugo, el presidente del Congreso, que pertenece al partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos liderado por Oviedo, convocó vía telefónica al general Máximo Díaz Cáceres, a quien hizo trasladar en un vehículo hasta la residencia de Oviedo.

González Quintana manifestó que Díaz Cáceres había solicitado una reunión con él, para abordar la Ley Militar que fue retirada por el Poder Ejecutivo, pero que nunca se dio un encuentro entre ellos.

Por su parte, Morales aseguró desconocer la denuncia realizada por Lugo y la calificó de "disparate".

"Yo tengo la conciencia tranquila y nada tengo que ver con los disparates que están diciendo; no se de dónde sale esto, no conozco a Díaz Cáceres", dijo y aseguró que en la noche del domingo, cuando supuestamente se realizó la reunión con intenciones golpistas, estuvo trabajando en su oficina.

"Pueden preguntarle a mis empleados, estoy preparando un informe sobre el proceso electoral", señaló y dijo que "estos señores quieren arreglar la cuestión con un invento porque cometieron un error al no reconocer a Duarte Frutos como senador".

Candia Amarilla también aclaró su posición al respecto de la denuncia formulada por Lugo y manifestó que su presencia en la reunión denunciada por Lugo "falta a la verdad".

"Es absolutamente falso de toda falsedad", dijo y añadió que no pedirá explicaciones al jefe de Estado sobre su mensaje ni presentará renuncia porque "no hay razones para ello".

Candia Amarilla afirmó que nunca estuvo en la residencia de Oviedo ni mantuvo reuniones con el tenor que manifestó Lugo.

Lugo denunció hoy que el domingo último el general Máximo Díaz Cáceres, enlace entre las Fuerzas Armadas y el Congreso, fue convocado vía telefónica por González Quintana para que concurra a su residencia.

"El presidente de la Cámara de Senadores le remitió un vehículo que lo condujo - sin conocimiento previo del general Díaz - hasta una residencia particular que resultó ser el domicilio del general Lino Oviedo", sostuvo Lugo.

"Ya en la residencia, fue recibido por el general Oviedo siendo invitado a pasar a un sitio donde se encontraban el fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, el abogado Lelis Olmedo, y el presidente del Congreso, González Quintana", manifestó.

"Inmediatamente después llegó el ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral Juan Manuel Morales seguido del ex presidente de la República Nicanor Duarte Frutos", añadió.

Según la denuncia del mandatario, "tras el saludo entre los presentes el general Oviedo invitó al general Díaz Cáceres a una sala contigua, donde fue consultado 'cuál era el parecer de las Fuerzas Armadas ante la crisis parlamentaria'".

"Díaz Cáceres respondió que 'era un asunto político y que debía tratarse en ese ámbito', tras lo cual se retiró de la reunión y en cumplimiento de sus deberes constitucionales comunicó estos hechos a sus superiores".

La crisis institucional en el Congreso paraguayo se inició a raíz de la oposición de los adversarios de Duarte Frutos a su juramento como miembro titular de la Cámara de Senadores argumentando que su candidatura a la senaduría en las elecciones del 20 de abril, fue una violación a la Constitución nacional.

A raíz de la disputa entre adversarios y partidarios del ex presidente, el Senado está paralizado y la crisis amenaza con llegar a la Cámara de Diputados y otros estamentos del Estado.