Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

La Policía Nacional Civil (PNC), es la institución más denunciada ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), según las cifras de enero hasta agosto del presente año.

La PDDH dice que el 46% de las denuncias interpuestas en la institución, fueron en contra del personal de la corporación policial. El 54% corresponde a otras instituciones del Estado.

“En este momento la mayor institución que está vulnerando derechos humanos y afectando libertades fundamentales es el personal policial”, dijo el procurador adjunto de la PDDH, Salvador Menéndez Leal.

Sin embargo, la PDDH quiere dejar claro que no va a coincidir el número de expedientes que lleva la institución por estas demandas, con el número de agentes o jefes policiales demandados, que en ocasiones es mucho mayor.

“Lamentablemente, los agentes o miembros de la corporación son quienes ocupan el primer lugar en cuanto a la violación de derechos humanos”, sostiene el procurador adjunto.

Uno de los abusos con mayor frecuencia cometidos por el cuerpo policial, que nació en 1993, después de la firma del Acuerdo de Paz, son los procedimientos irregulares y abuso de la fuerza.

“La policía está dotada de un monopolio legal, que es el uso excesivo de la fuerza, pero a veces esta es utilizada de una manera abu- siva o de manera desviada o arbitraria. Entonces, nadie cuestiona a la autoridad en cuanto a su potestad de usar la fuerza, lo que se le cuestiona es el procedimiento que son arbitrarios o irregulares”, detalla.

Con los procedimientos irregulares se vulneran los derechos a la integridad personal, la libertad, la seguridad, la intimidad y el debido proceso. Además, violación a la propiedad, incluso al derecho y valor fundamental de la vida. Las cifras de 2007 de la PDDH también demuestran una gran cantidad de denuncias, más de 300, la gran mayoría por los mismos abusos. “Es un signo preocupante porque nosotros como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hemos considerado que el marco jurídico regulatorio del que hacer policial, como, que limita la depuración de malos miembros de la corporación”, indica Menéndez Leal.

El procurador adjunto aseguró que si existiera un mecanismo más efectivo, las cifras o señalamientos contra la corporación podrían variar. “El trabajo policial es un trabajo heroico, es un trabajo que se realiza en condiciones dramáticas” y que se debe de buscar un mecanismo para cambiarlo sostiene.
A criterio del defensor de los derechos humanos, es necesario el debate de un nuevo estatuto que regule y controle el funcionamiento de la PNC.

“Más moderno y que rescate en gran medida la inspiración filosófica derivada de los Acuerdos de Paz”, agregó.

Según el mandato constitucional de la PDDH, después de conocer de un ilícito o demanda en contra de un órgano del Estado, en este caso de la PNC, proceden a dar conocimiento a la Fiscalía General de la República y posterior al mecanismo interno de la misma policía, para que la Inspectoría General “pueda corregir ese defecto”.

La Iglesia Católica lamentó que una de las instituciones del Estado más importantes y que la población debe de guardar confianza siga siendo señalada. “Entonces, en quién podemos confiar”, dijo a este vespertino el Obispo auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez.

A criterio del representante de la iglesia debe de existir una “depuración” pero desde los estamentos “más altos”, porque si no hay ejemplo en los dirigentes máximos “la gente no se siente animada a portarse bien” acotó el representante de la Iglesia Católica.

Uno de los abusos más recientes y públicos, fue la del hijo del diputado del partido Cambio Democrático (CD), Oscar Kattán. La denuncia pública obligó a los titulares de la institución a pedir una disculpa pública y comprometerse a una investigación serie sobre el accionar de los agentes involucrados en la golpiza del hijo del parlamentario, hecho ocurrido en el occidente del país.

Esta semana, organizaciones sociales presentaron una propuesta para cambiar la Ley Orgánica de la PNC, sin embargo, los funcionarios del Ministerio de Seguridad y Justicia, la rechazaron.