Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

Los planes represivos que impulsa el gobierno a través de la Policía Nacional Civil (PNC), siguen fomentando los altos índices de violencia en el país, afirmaron los representantes de la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ).

Antonio Rodríguez López, representante de la CCPVJ para El Salvador y director del  Centro de Formación y Orientación de Mejicanos, criticó que en los discurso de las autoridades de seguridad se haya eliminado la palabra “represión”, sin embargo, a la hora de la ejecución, este fenómeno sigue repitiéndose.

“No estamos jugando con animales, estamos jugando con casi 57 mil muertos que hay en la región en los últimos cuatro años en el triángulo norte (Honduras, El Salvador y Guatemala), donde ha existido más la represión que la prevención”, indicó el representante.

“No podemos decir que en el país tenemos una policía comunitaria porque es falso, no podemos decir que tenemos políticas de prevención porque es falso, no podemos decir que en la región o en el país tenemos una política pública de juventud porque también es falso, incluso el gobierno salvadoreño se ha negado a firmar la convención de los derechos de la juventud”, agregó Rodríguez.

Según la CCPVJ, los planes “Sarisa” que avala registros a vehículos sospechosos y “Plan 500” que avala capturas de la PNC, son una muestra del “paraíso de la represión y muerte” y  que siguen la herencia de los pasados planes Mano Dura y Súper Mano Dura.

El director del Centro de Formación y Orientación de Mejicanos, dijo que las autoridades deben de reenfocar las políticas y destinar más recursos al tema de la prevención, asimismo, resolver los problemas estructurales que generan la violencia.

“La violencia es mucho más estructural que hablar de cifras de homicidios y tenemos una violencia estructural que creo que es la que se tiene que solucionar”, sentenció.

La CCPVJ organizó el viernes un foro denominado “Cultura de Paz o cultura de represión”, con el fin de someter a discusión pública el tipo de enfoques y acciones que las instituciones de gobierno están utilizando para combatir las formas de la violencia que afecta directamente a la población juvenil.

La jueza de menores, Aída Santos de Escobar, dijo que las autoridades implementan medidas que “a la hora de la hora no dan resultados”.

“Tenemos leyes, tenemos penas sumamente crueles como es imponer 75 años de presión a una persona, en condiciones inhumanas como las que se están viviendo en el sistema penitenciario.

Entonces, ¿qué hacemos? limpiamos la calle por un tiempo determinado, pero después le estamos devolviendo a la sociedad a personas más violentas que pueden venir a cometer episodios más violentos”, acotó la juzgadora de menores.

La operadora de justicia criticó que actualmente el Ministerio de Justicia esté buscando aprobar un paquete de reformas a la Ley Juvenil, cuando no ha hecho la consulta necesaria con el sistema judicial que es el que aplica las normativas.