Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), admitió el caso de desaparición forzada de los niños Manuel Bonilla Osorio y Ricardo Ayala Abarca, tras valorar que las víctimas y sus familiares no han obtenido justicia, siendo un deber del Estado respetarla y garantizarla.

El pasado 11 de agosto, la Comisión Interamericana (CIDH) notificó a la Asociación Pro-Búsqueda la admisibilidad del caso de los niños Bonilla Osorio y Ayala Abarca, iniciado a partir de demanda presentada por Pro-Búsqueda, en representación de las víctimas.

La asociación Pro Búsqueda, fundada por el Padre Jesuita Jon Cortina, posterior a la firma de los Acuerdos de Paz, preparó el caso acusatorio contra el Estado salvadoreño por su responsabilidad en la desaparición forzada, y en la falta de justicia y acciones para dar con el paradero de los niños, en la Masacre de El Calabozo.

La admisión del caso se logró, además, por los procesos de “habeas corpus”, presentados por Pro Búsqueda, ante la Corte Suprema de Justicia, y que fueron infructuosos, así como, por el incumplimiento de las recomendaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

La desaparición forzada de estos niños, ocurrió en el contexto de una de las más cruentas campañas militares desarrollada por la Fuerza Armada de El Salvador, en agosto de 1982, en el Departamento de San Vicente.

El operativo militar dejó como resultado la ejecución de la masacre conocida como de “El Calabozo”, donde fueron asesinadas más de doscientas personas así como, la desaparición de al menos, veinticinco niños y niñas.

Pro Búsqueda posee testimonios de los familiares sobrevivientes de Manuel Bonilla y Ricardo Ayala, quienes declararon que ante la incursión militar de 1982, huyeron junto a otros cientos de pobladores para proteger sus vidas, desplazándose durante varios días, entre los cerros de la zona.

Ya debilitados por el cansancio de huir, y falta de alimentos, estos pobladores fueron descubiertos por los soldados quienes arremetieron contra ellos, ejecutando a numerosas personas, mientras los niños y niñas fueron capturados y se los llevaron con rumbo desconocido, sin tener certeza de su destino hasta la fecha.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al admitir este caso, considera que reúne los requisitos para tramitarse ante esta instancia por haberse acudido a la justicia interna sin obtener resultados, y que el Estado salvadoreño debe responder por las presuntas violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, personalidad jurídica, garantías judiciales y protección judicial, protección a la familia, y protección especial por su condición de niños, todos en relación con el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, señala parte de la notificación.

Asimismo, la Comisión Interamericana ha requerido del gobierno que preside Elías Antonio Saca, que rinda en un plazo de 2 meses, un informe al respecto.

Para el equipo de Pro Búsqueda, es un desafío que enfrentan, ya que reconocen el gobierno salvadoreños ha negado de inmediato su responsabilidad en los hechos.

“Esperamos que el Estado de El Salvador, ahora que enfrentará otra acusación ante el sistema interamericano de derechos humanos, asuma con seriedad y respeto, la determinación del paradero de Manuel Bonilla Osorio y Ricardo Ayala Abarca”.

Además, esperan el enjuiciamiento y castigo de los responsables, y, sobre todo, “la adopción de todos los mecanismos necesarios que garanticen la no repetición de estos crímenes de lesa humanidad que han enlutado a nuestra sociedad y provocado el insoportable sufrimiento de las víctimas”.