La Paz/Pl

El gobierno boliviano condenó hoy el bloqueo de carreteras en los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz, organizado por prefectos opositores en reclamo de la devolución del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH).

De acuerdo con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, tras 24 horas de un paro en esos territorios, la nueva medida solo traerá perdidas para las regiones y sus pobladores.

En declaraciones a un canal privado de televisión, Quintana aplaudió la decisión de las autoridades de Chuquisaca (centro), que integran el llamado Consejo Nacional Democrático (CONALDDE), de no sumarse a la huelga.

Quintana adelantó que, pese a la responsabilidad como Estado de garantizar vías expeditas, el Ejecutivo no intervendrá en los bloqueos de caminos para evitar enfrentamientos.

Es clara la provocación de ese tipo de medida impulsada por prefectos como el cruceño Rubén Costas o el acaudalado empresario Branko Marinkovic, que sólo buscan sembrar más violencia, remarcó.

La autoridad también aseveró que hay indicios del empleo de francotiradores y de grupos armados, de gente pagada dispuesta a matar, que preparan emboscadas a las fuerzas públicas si deciden intervenir.

Interpelado sobre evidencias de este nuevo escenario, Quintana recordó la situación la víspera en Santa Cruz, donde grupos de choque como la Unión Juvenil Cruceñista recorrían armados la ciudad y comunidades periféricas para implantar el paro por la fuerza.

Acerca de la demanda de los prefectos opositores sobre la devolución del IDH para dedicarlo a obras en sus regiones, afirmó que el problema de fondo es político.

Opinó que Bolivia está abocada a la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado, que establece un profundo proceso de cambios en beneficio de las mayorías históricamente marginadas, lo cual afecta los intereses de pequeños grupos oligárquicos.

En ese sentido, señaló que el Ejecutivo insta a un gran pacto conciliador nacional con la oposición.

Los bolivianos rechazan la violencia y como expresaron más de dos tercios en el referendo revocatorio del pasado 10 de agosto, además del contundente respaldo a la gestión de Evo Morales, también quieren tranquilidad.