| Sigfrido Reyes, Director de Comunicaciones del FMLN. |
Redacción Diario Co Latino
El jefe de Comunicaciones del partido de izquierda, Sigfrido Reyes, aseguró hoy que las acciones en contra de Alba Petróleo, se deben “a las presiones de las transnacionales”, y que la empresa mixta, constituida por alcaldías gobernadas por el FMLN y una empresa venezolana, “funcionan según los requisitos de ley”.
Sigfrido Reyes restó credibilidad a los señalamientos que diferentes carteras de Estado y el mismo presidente de la República, Elías Antonio Saca, han hecho desde hace algunos meses en contra de Alba Petróleo.
Anoche, en el programa de la entrevista Ocho en Punto, del canal 33, Reyes denunció que recientemente, el Presidente de la República, Elías Antonio Saca, y el Fiscal General de la República, se reunió con los presidentes de los bancos, para bloquear las cuentas bancarias de Alba Petróleo.
Según la Prensa Gráfica, la Fiscalía General de la República investiga a Alba Petróleo por supuesto “lavado de dinero”.
La directiva de Albapetróleo prefirió no referirse al nuevo señalamiento, ya que en un programa de entrevistas televisiva, esta semana, se defendieron de las acusaciones hechas en su momento por el Ministerio de Economía.
Según el ente fiscal, el caso se encuentra en la fase de investigación en la unidad financiera.
La tesorera de la empresa Albapetróleo, Luz Estrella Rodríguez explicó, recientemente, que la empresa funciona bajo los requisitos que pide la ley y que no existe ninguna violación de evasión fiscal.
Según detalló recientemente el Ministro de Economía, la empresa que inició a operar desde diciembre de 2007, vende por debajo del costo real de los combustibles.
Sin embargo los titulares de la empresa han argumentado que todos los ataques “son por presiones de las transnacionales” porque están vendiendo el producto más bajo.
Los representantes de Alba Petróleo han sostenido que la Súper Intendencia de Competencia prefirió desmarcarse de las acusaciones, ya que la empresa, según lo dicta la Ley, no cumple con el 70% de dominio en el mercado para acusarla de competencia desleal, como sostiene el Ministerio de Economía.




