Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

La Procuradora Adjunta, María Lilian Navarrete de Peraza,  descalificó los señalamientos realizados por un grupo de empleados de la institución, quienes declararon que reciben malos tratos, hostigamiento laboral y traslados arbitrarios por parte de la funcionaria.

La demanda  interpuesta en marzo del presente año, por un grupo de empleados ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), generó un dictamen que solicita la apertura de una investigación del caso.

La procuradora redactó en un escrito que el personal que la ha denunciado ha sido amonestado por inasistencia a jornada laboral completa;  ausencias injustificadas, retiro de la institución fuera del horario; por faltar a los deberes y obligaciones laborales y alteración de libros de control.

Para la funcionaria, los argumentos  del “supuesto hostigamiento laboral” por parte de algunos empleados de la Unidad Técnica del Despacho de la Procuraduría General de la República obedece a los señalamientos que se les han hecho por obstaculizar las actividades laborales y actos de indisciplina.

No obstante, las acusaciones, la funcionaria externó que cuenta con un documento de apoyo a su gestión por iniciativa de otros empleados que conforman el 75% de la referida Unidad Técnica.

“Las acusaciones de estos empleados  en relación  a que mi cargo es político, y que por esa razón  no me pueden remover del mismo, son afirmaciones falsas y ridículas; he sido nombrada por el Procurador General de la República (Gregorio Sánchez Trejo),  y las funciones que desempeño en esta institución  son eminentemente técnicas.

En mi carácter de funcionaria soy conocedora de la responsabilidad  que me imponen las leyes y los reglamentos”, argume-ntó la Procuradora Adjunta.

En cuanto a las acusaciones  de obligar al personal  para asistir a reuniones del Partido Demócrata Cristiano (PDC), de Peraza las rechazó también y reiteró que “es respetuosa  de la vida personal, culto y asociaciones políticas de sus subalternos”.

“Es absurdo que obligo a participar en política al personal bajo mi cargo,  mucho menos que los amenace con destituirlos de sus cargos, cuando esa es potestad  por ley del Procurador General de la República”, aclaró.

Con relación al traslado del personal, de Peraza refutó la afirmación al explicar que según el artículo 12  ordinal 22 de la normativa  institucional sólo el Procurador General de la República tiene la facultad  de realizar  movimientos de personal, por lo que ella se desliga de esas acusaciones.

La Procuradora de Peraza concluyó  en su informe que las denuncias de los empleados se deben a “que se encuentran molestas por las acciones disciplinarias, que conforme a la ley y reglamento de la PGR, me he visto obligada a aplicar”.

Y agregó que “los hechos denunciados se basan en chambres, inconformidades e irresponsabilidades que en ninguna institución del Estado pueden o deben tolerarse. Las supuestas víctimas, son verdaderamente victimarios, quienes estamos siendo objeto de su violencia y agresiones en el ámbito laboral y privado… he recibido llamadas telefónicas  de hostigamiento que me han llevado a temer por mi vida y la de mi familia, así como provocarme inseguridad laboral”, dice la funcionaria en el escrito.

La funcionaria solicitó al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna, que amplíe la investigación y establezca “con claridad ¿quién es la víctima  de la violencia?”.