Jaime Martínez Ventura, Abogado

La muerte de 32 feligreses de la Misión Cristiana ELIM, dentro de un autobús que cayó en el río Acelhuate, arrastrado por una correntada,  no debe quedar como una tragedia más en nuestro país; menos aceptable es que se convierta en otro “desastre natural”, sabiendo que, en esencia, ninguna catástrofe es natural, sino consecuencia de manipulaciones de la naturaleza, errores o descuidos humanos. Por el contrario, esta desgracia debe ser una tremenda lección de pedagogía social de la que tenemos mucho que aprender y qué exigir, sobre todo a quienes, por acción u omisión, son responsables de este infortunio, así como aquellos que aspiran a lograr la conducción política de nuestro sufrido país. 

1. Más allá del asombro. La torrencial lluvia que cayó la noche del tres de julio, no solamente desbordó las aguas del río Acelhuate. También rebasó nuestra capacidad de asombro. Es increíble que una tragedia de tal envergadura suceda en pleno centro de la capital. El estupor es todavía más grande si consideramos que el gobierno actual se ufana de que nuestro país es considerado como un Estado de renta media.

Algo raro pasa en una sociedad como ésta, donde sus gobernantes se jactan de estar en ese nivel de progreso, pero donde regularmente suceden desastres característicos de cualquier país tercermundista.  Ser una nación de renta media debería significar, contar con suficientes recursos para satisfacer con dignidad los derechos económicos y sociales básicos de toda la población, dentro de los cuales debe estar el derecho a contar con un sistema de prevención y protección contra calamidades ocasionadas por fenómenos naturales. Si esos derechos no son garantizados, quiere decir que los ingresos que nos colocan en la posición de renta media, están mal distribuidos y, en consecuencia, para las grandes mayorías empobrecidas, ese “honroso lugar” sencillamente es inútil.

2. El deterioro ambiental como factor causal. Expertos ambientalistas denunciaron oportunamente que la deforestación de la finca “El Espino” y otros lugares como la Cordillera del Bálsamo y las laderas del volcán de San Salvador, traería graves consecuencias ecológicas para la capital como el desbordamiento de los ríos y quebradas.

Ahora, donde estaban los cafetales y bosques que absorbían la lluvia, se han construido lujosos complejos residenciales o inmensos centros comerciales, íconos indiscutibles de quienes creen que eso es símbolo de desarrollo; mientras, las advertencias de los ecologistas sencillamente no fueron escuchadas.  Hoy debemos preguntarnos: ¿Qué tanto dejaría de perder El Salvador si esos centros comerciales y residencias no se hubieren construido? ¿Pueden esas construcciones o el supuesto progresos económico que han traído compensar la vida de una sola de las víctimas de esta tragedia? ¿Cuántas vidas más tendrán que pagarse a cambio de seguir destruyendo la naturaleza?

3. Más allá de las responsabilidades individuales. El deterioro ambiental no es sólo consecuencia de la culpa individual, de la infracción de los deberes de las autoridades y funcionarios públicos que tienen la obligación de ser previsores. Es claro que aquí existen responsabilidades individuales e institucionales, las cuales deben ser investigadas, por la Fiscalía General de la República, si es que el Fiscal puede  tomarse en serio sus atribuciones constitucionales. Si las autoridades responsables de advertir las consecuencias de un fenómeno climático y de prevenir estas desgracias no lo hacen, por falta de capacidad, por dejadez o por que como dijo irónicamente el actual Ministro de Gobernación: “no somos clarividentes para poder ver lo que va a suceder”, sencillamente deberían renunciar y las autoridades superiores deberían asegurar a las víctimas una indemnización integral.  Sin embargo, la escalada destructiva del medio ambiente va más allá de la irresponsabilidad de los individuos e instituciones. Es producto de la política neoliberal que campea en nuestra patria. 

4. La destrucción ambiental: resultado de la política neoliberal. La destrucción ambiental es una lógica consecuencia del modelo neoliberal que los gobernantes y grupos hegemónicos de poder encubren con el eufemismo de “sistema de libertades”. Para el neoliberalismo, la sociedad entera, no sólo los negocios, deben regirse por las supuestas “leyes del mercado” y por el dogma capitalista de “la máxima ganancia al menor costo posible”. Todo lo que pueda convertirse en un negocio rentable, queda sometido a las “leyes del mercado”. Los recursos naturales no escapan a esa lógica mercantil, incluso aquellos indispensables para la supervivencia de la humanidad que hasta hace poco tiempo no eran vistos como mercancías si no como dones de Dios o de la naturaleza, como  los bosques, la fauna, el agua e incluso el aire.

5. Las tragedias que arrinconan al neoliberalismo. Esta y otras desdichas humanas como el exorbitante precio de los granos básicos a nivel mundial, que responde –como dijo la Presidenta de Argentina – a una especulación mundial, debería poner en jaque al modelo neoliberal imperante en nuestro país y en el mundo entero. La naturaleza está reclamando a gritos poner un alto a las políticas económicas que privilegian la búsqueda de ganancia a cualquier costo o, mejor dicho, el predominio de la máxima capitalista de conseguir “el máximo beneficio al menor costo”, que en la práctica se convierte en una siniestra paradoja porque las enormes utilidades de los grandes capitalistas son pagadas a costa de la explotación, la miseria, el hambre, la marginación social o, como sucedió en este caso, a costa de la muerte de los más pobres.

6. La inequidad de la política ambiental y social.  Esta tragedia puso en evidencia la injusta política de previsión y reparación de daños ambientales del gobierno actual. Ha sido notorio que en las zonas privilegiadas de San Salvador, las obras de mitigación se han realizado a gran escala y con multimillonarias inversiones, mientras que en las zonas empobrecidas del sur de la capital, como las orillas del río Acelhuate, ni siquiera se terminó de construir el muro de contención en las calles aledañas al cauce fluvial. Este grave descuido contribuyó a consumar el desastre. Si el muro de contención hubiese estado completo, el autobús no se hubiera precipitado al río.

También es injusto que tenga que ser el pueblo, a través de sus impuestos, quien termine pagando las obras de mitigación de la destrucción causada por el afán de lucro de grandes empresas constructoras. Estas empresas deberían ser obligadas a construir las obras de protección.

7. La impunidad generalizada de la criminalidad no convencional. Esta desgracia también puso al descubierto que en nuestro país existen acciones y omisiones consideradas en nuestra leyes como delitos, entre ellas las defraudaciones  a la economía, el acaparamiento, la evasión de impuestos y los delitos contra el medio ambiente, que sencillamente no son perseguidos, procesados o condenados con la misma severidad que se persigue a la criminalidad común o las pandillas.  Son pocos los casos que han sido presentados ante los tribunales competentes y al hacerlo generalmente quedan en absoluta impunidad, como el caso del ex Ministro de Obras Públicas procesado por la destrucción de miles de árboles sin los permisos respectivos, para la construcción de la calle Diego de Holguín.

8. Necesidad de fortalecer la conciencia social ecológica. El horror colectivo que hemos vivido ante esta tragedia, debería aguijonear las conciencias de todos y todas. Desde el punto de vista moral, está bien que sintamos compasión ante el sufrimiento ajeno y expresemos nuestra solidaridad.

Pero como ciudadanos y ciudadanas, consientes que esta calamidad pudo haberse evitado, no podemos ni debemos conformarnos con la compasión. Es necesario elevar nuestra conciencia sobre la devastación ambiental perpetrada en nuestro país.

Es hora de que cada salvadoreño y salvadoreña se convierta en un ecologista ya que, de conformidad con el Artículo 101, inciso 2º, de dicha Constitución “El Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos” y, por su parte el ordinal 2º, del Art. 73, indica que uno de nuestros deberes políticos ciudadanos es “Cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República”

9. El desafío organizacional para lograr mayor conciencia social. El fortalecimiento de la conciencia social ecológica, aunque debería hacerlo el gobierno, recae principalmente en las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos que, al contar con mayor grado de independencia, pueden diseñar e implementar sus propias agendas con mayor compromiso y autonomía.

El problema es que los esfuerzos de estas organizaciones, hasta ahora, han sido dispersos, desarticulados y con precariedad de recursos, por lo que deben emprender cuanto antes un enorme trabajo de coordinación y articulación institucional para lograr un mayor impacto de sus programas y proyectos.

10. La posición ejemplar de la Misión Cristiana ELIM. Entereza, conciencia social, no sólo resignación cristiana, describen la ejemplar posición pública manifestada en diversos ámbitos por los líderes de la Iglesia ELIM de El Salvador. El manifiesto público de esta congregación, si bien reafirma su fe cristiana resumida en la bella frase que dice “sabemos que Jesús estaba en el autobús junto a nuestros hermanos en el momento de angustia”, denunció, entre otras cosas, “el pecado humano que destruye ferozmente la creación de Dios motivado primordialmente por la ambición y la codicia sin reparar en los elevados costos humanos que la naturaleza demandará”.

Con posterioridad a este comunicado, la posición de la Misión ELIM, ha sido todavía más clara: La muerte de sus feligreses pudo ser evitada; las autoridades no tomaron las precauciones debidas y por lo tanto han demandado una investigación inmediata y eficaz para deducir las responsabilidades pertinentes.

Lo menos que podemos hacer es seguir el ejemplo de esta comunidad cristiana y apoyar todos sus esfuerzos y demandas.