Silvia Serrano Ayala
Redacción Diario Co Latino

El grado de incapacidad, el origen que la ocasionó y la atención médica, fueron algunos de los puntos que no estuvieron incluidos en la boleta del Censo, por lo que los discapacitados, con el apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), denuncian el Censo VI y V de vivienda de 2007, por no haber incluido estas necesidades.

La denuncia se da al entregar la Secretaría de la Familia a la Cancillería, el documento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Según la convención al no cumplirse estos acuerdos, las autoridades pueden ser denunciadas a nivel internacional.

Para Jesús Martínez, quien hace 18 años perdió sus piernas en el pasado conflicto armado, el gobierno tendría que recolectar nuevos datos.

“Nosotros pedimos que se incluya a todas las personas con discapacidad en una encuesta nacional de la población, porque creemos que el gobierno de El Salvador tiene que asignar recursos para vernos incluidos y así nosotros poder disfrutar de nuestros derechos fundamentales que tenemos como personas”, afirmó.

Según el procurador de la PDDH, Óscar Humberto Luna, las diferencias en el censo no generan suficiente credibilidad y confiabilidad porque los datos oficiales de la población deben servir para la incidencia en las políticas públicas y la asignación de recursos dirigidos a satisfacer las necesidades que presenta este grupo, en atención a las obligaciones jurídicas que tiene el Estado Salvadoreño.

“El Censo muestra un 4.1% de personas que padecen limitaciones permanentes de algún tipo de discapacidad, cifra que no coincide con estudios de instituciones de organismos internacionales, los cuales revelan que hay más de un 10% de habitantes con discapacidad”, señaló Luna.

Asimismo, solicita al Gobierno de la República de El Salvador que desarrolle una encuesta nacional específica de la población con esta problemática y que en su ejecución se cuente con la participación de los diferentes sectores o instituciones a favor de las necesidades de esta población.

Para los discapacitados esto traerá consecuencias negativas debido a que las políticas públicas a crear no estarán orientadas a mejorar sus condiciones de vida.

“Nosotros consideramos que hay diferentes aspectos técnicos que fallaron en el levantamiento del Censo de la población con discapacidad, por ejemplo los familiares no proporcionaron los datos porque el censo no reconoce a los discapacitados. Necesitamos saber cuántos somos y cómo vivimos las personas que enfrentamos este problema”, afirmó Maritza Melara, de la Mesa de Discapacitados.