Redacción Diario Co Latino

A dos años y 8 meses de prisión fueron condenados Maximiliano Adalberto Portillo Mijango y Samuel Cerna Trabanino, ambos acusados por el delito de calumnia con publicidad en contra de Jorge Mariano Pinto y Eduardo Galdámez.

Según la demanda, Maximiliano Adalberto Portillo Mijango y Samuel Cerna Trabanino, ambos miembros de la directiva de la Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios Salvadoreños (AMPES), en el año 2006, inciaron a través de los medios de comunicación una campaña de desprestigio contra Pinto, a quien le adjudicaban hechos falsos e imputaban delitos inexistentes, lo cual quedó demostrado el pasado 27 de mayo del corriente año.

Tanto la Fiscalía como el Tribunal 11º de Paz de San Salvador, resolvieron sobreseer definitivamente a Jorge Mariano Pinto. Dicha campaña incluyó un campo pagado el 4 de septiembre de 2007, publicado en un medio de comunicación escrita, que lo suscribe AMPES.

En noviembre del año pasado, el juez ordenó el allanamiento del local de AMPES. En dicha acción, Tomás Mendoza Laínez, otro imputado, manifestó ser el administrador y aseguró que no llevaban libros contables en orden y que los libros legales de contabilidad y de actas no estaban en la gremial, ocultándole así documentos al juez.

Durante la presentación de pruebas, se evidenció que las acciones de Portillo Mijango y Cerna Trabanino, fueron a título personal, y que Mendoza Laínez, empleado de AMPES, sólo recibió órdenes de los imputados, quienes escondieron sus identidades y a nombre de la gremial suscribieron la publicación pagada el 4 de septiembre de 2007.

Mendoza Laínez, fue absuelto en decisión dividida del tribunal 2 a 1, debido a que sólo ejecutó las ordenes de Portillo y Cerna.

Además, Portillo Mijango está demandado civilmente para que informe el destino de más de 217 mil dólares, que utilizó haciendo caso omiso de instrumentos legales, con el agravante que los imputados como directivos de AMPES no tienen aprobados los estados financieros de la gremial por la Asamblea General de la misma, y AMPES no tiene junta directiva legalmente inscrita en el Ministerio de Gobernación.

De igual forma es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de administración fraudulenta en la gremial de AMPES.