Leonor Cárdenas
Redacción Diario Co Latino

Representantes de Acción Ciudadana para la Democracia (ACD) exigen al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Walter Araujo, aprobar el plan operativo presentado por la Organizaciones para las Estados Americanos (OEA) para garantizar transparencia en el desarrollo de proceso electoral de 2009.

El presidente del TSE firmó el Acuerdo de Cooperación Técnica con la Secretaría General de la OEA, mediante el cual se fortalecerán los mecanismos del Registro Electoral (RE) y de participación democrática.

Con ello se mejoraría el acceso y la vigilancia del RE por parte de todos los Órganos, que según la normativa legal del país, tienen derecho de acceder y vigilar el padrón electoral.

Según Ramón Villalta, representante de ACD, la instancia responsable y obligada de elaborar y presentar el plan operativo, así como sus productos, asignar el personal y contratar los contratistas y consultores para la implementación del proyecto es la OEA.

Al TSE corresponde solamente la aprobación del plan operativo, entregar los recursos financieros y cooperar en la implementación del proyecto facilitando la información necesaria, aclaró.

Mantener el control del RE según Villalta “reafirma el autoritarismo con que se administra la institución electoral presentando y aprobando juntamente con los magistrados Mario Salamanca y Julio Moreno Niños un plan operativo en la que elimina el rol de la OEA como único responsable de elaborar y presentar los productos y lo relega a un rol de acompañamiento, lo cual pone en duda la transparencia del proceso”.

Para los miembros de ACD, dicha decisión es preocupante ya que se toma en el marco de una coyuntura en la que los resultados del VI Censo de Población, ha generado serias dudas en la composición del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) y el RE.

“La OEA demostró que el 7.5% de los registros (más de 330 mil) de la base de datos del RE, no tiene referencia de la imagen de la partida de nacimiento y que el 27.01% (1,098,648) de los registros tienen información incorrecta, lo cual puede afectar la composición del padrón electoral y un 9.6% de los registros no coinciden entre las bases de datos del RNPN y el RE, lo cual genera incertidumbre”, agregó Villalta. Por su parte Juan Carlos Sánchez, condenó la decisión por “antide- mocrática, que reafirma la existencia de una coalición fáctica que tiene secuestrado al sistema electoral, y que se opone a mejorar la transparencia y la confianza que requiere el RE para las próximas elecciones y en general de democratizar al sistema electoral”.