Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

Miguel Angel Ulloa,  junto a otros 39 mil agricultores en pequeño, de la zona Sureste de San Miguel, temen que  la entrega de los paquetes agrícolas,  anunciados por la administración del Presidente Elías Antonio Saca, sea un manejo político-electoral.

Mientras los gobiernos de Centroamérica, han presupuestado 114 millones de dólares para consolidar un  plan de emergencia por la inseguridad alimentaria, el costo de los granos básicos continúan al alza, sin regulación a los grandes importadores.

Ulloa afirmó que la preocupación se basa en la ausencia de políticas públicas para estimular la actividad agrícola, en el sector de los pequeños agricultores y por la  especulación  de los precios de los insumos agrícolas, cada época de siembra.

“Cómo vamos  a creer que es la decisión seria, de país, de un gobierno responsable, cuando sólo en San Jorge, hemos sabido, que el listado que sacaron llegó a las 3 mil personas, y han informado que sólo van a dar 600 paquetes para los  pequeños agricultores, esto es una burla”, explicó  Ulloa.

El representante de su comunidad, en el cantón Chambala, del Municipio de Chinameca, San Miguel,  externó la queja general de los pobladores por la falta de asistencia técnica de las entidades gubernamentales creadas con este objetivo.

“Aquí, en la comunidad, quienes nos han ayudado en el manejo de cultivos tradicionales o nuevos, así como en la conservación del suelo y rescate del medio ambiente, han sido las organizaciones  no gubernamentales, OICOS-SOLIDARIDAD, y TROCAIRE, ellos nos han orientado, el CENTA nunca nos ha atendido en nuestras necesidades”, afirmó.

Según, información de OICOS –SOLIDARIDAD, existen aproximadamente 40 mil pequeños agricultores sólo en los municipios de Usulután, Santa María, Santa Elena,  Ereguayquín, Jucuarán, San Rafael Oriente, San Jorge, Chinameca, Concepción Batres en el Departamento de San Miguel y El Tránsito (Usulután).
“Este sector se encuentra clasificado en pequeños agricultores de subsistencia familiar, o sea, si ellos producen 5 sacos de frijol, o maíz, venden 3 sacos y se quedan con dos; sino sacan más, no pueden vender. Es un grupo bastante vulnerable que requiere atención”, opinó Alex Aguilar, asesor de proyecto de OICOS.

Para Ulloa, esta baja de atención, no les permite realizar el despegue necesario hacia el desarrollo sostenible de su actividad agrícola.

“Nosotros podríamos todos juntos en el sector darle de comer al país, pero no podemos salir adelante si cada vez que se nos viene la época de siembra, los agrocentros le suben los precios a los abonos, a la fórmula y los pesticidas. Y cuando queremos vender la cosecha, los intermediarios nos pagan precios bien bajos, a lo que invertimos, si realmente el gobierno quiere prevenir el hambre y que todos estemos bien, debe tomar decisiones serias y consultándonos a nosotros, que sabemos de la tierra y su capacidad”, explicó.

Sobre el uso de transgénicos, Ulloa rechazó que la introducción de semilla genéticamente manipulada ayudará a una producción masiva de granos básicos.

“Esto, a quien va a ayudar es a los que venden las semillas, que todos sabemos que es el señor (Alfredo) Cristiani, que vende también, el herbicida y el abono de una sola semilla, y nosotros vamos a seguir en la pobreza; y nos asombra que se tomen decisiones, sin consultar sobre el peligro por meter esta semilla extraña, que no tiene nada que ver con la herencia de nuestros abuelos, con ellos aprendimos a cultivar y a conocer la tierra, esto es bien delicado”, concluyó.