Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

El Estado salvadoreño continúa entre los países de América Latina donde impera la impunidad, al mantener las graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado sin hacer justicia.

La Directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Viviana Krsticevic, lamentó que el país no muestre avances en el tema derechos humanos como lo han hecho otros países como Argentina, Perú, Uruguay y Guatemala, que han adoptado políticas de preservación de la memoria.

“Han dado muestras de reconocimiento de la verdad de los hechos, han reparado económicamente a los familiares de las víctimas, una buena parte avanzado, se ha investigado y se está dando castigo a grandes violadores de derechos humanos como Fujimori”, explicó Krsticevic.

“En El Salvador no hay una política de preservación de la memoria, no hay reparación y una aceptación” a pesar de los crímenes “aberrantes” que han conmovido a la humanidad como la muerte de Monseñor Oscar Arnulfo Romero.

La Directora ejecutiva de CEJIL, además, criticó que el Estado salvadoreño no acatara las recomendaciones que emitió la Comisión de la Verdad después de quince años de emitido, y que se ampare bajo la Ley de Amnistía Internacional. “Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad no son solamente un imperativo ético para el Estado salvadoreño, sino que rescatan obligaciones bajo el derecho internacional de los derechos humanos” agregó.

“El CEJIL tiene una experiencia regional muy basta del trabajo en favor de los derechos humanos en varios Estados de la región, y en el récord de El Salvador es el que menos avanza”, aseguró.

El Estado salvadoreño ha negado tomar las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso de las hermanitas Serrano, Monseñor Romero y el asesinato de los Jesuitas, entre otros. Este organismo internacional de derechos humanos pidió en 1999 al Estado salvadoreño investigar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales del crimen, sin embargo, dicha recomendación no se ha acatado, supuestamente, por la vigencia de la Ley de Amnistía. Gisela de León, abogada litigante de varios casos de violaciones de derechos humanos en la década de la guerra, dijo que, ante la negativa de acatar estas recomendaciones, se vieron obligados a llamar a una reunión extraoficial el pasado marzo al Estado. En esa reunión, en la sede de la Comisión Interamericana, ese organismo dio un plazo de 45 días para que presentara el informe del avance de las recomendaciones, y están a la espera de un nuevo llamado. El Estado salvadoreño está demandado también por el asesinato de Ramón García Prieto, el caso de José Rubén Rivera, caso Romero, Jesuitas, y el más reciente Katya Miranda.