Daniel Trujillo
Redacción Diario Co Latino
 
Durante su discurso de inauguración de la IV Convención Antipandillas, el Embajador de los Estados Unidos en el país, Charles Glazer, pidió a la Asamblea Legislativa aprobar diversas leyes, las cuales son necesarias para  combatir el accionar del crimen.

Entre las leyes que pidió el diplomático estadounidense revisar y aprobar son el proyecto del nuevo Código Procesal Penal, un tratado bilateral de extradición de personas entre los países y las intervenciones telefónicas.

Glazer dijo que tenía que repetir de nuevo su llamamiento hecho semanas atrás durante una conferencia realizada por la Cámara de Comercio estadounidense en la que criticó los altos niveles de delincuencia del país.

Esta mañana se inauguró la IV Convención Antipandillas en la que participan más de 300 miembros de fuerzas policiales y agencias de Estados Unidos, Centroamérica, Puerto Rico y México. Esta actividad se extenderá hasta el jueves y se realiza en un hotel de playa, en el Departamento de Sonsonate.

Por su parte, el Ministro de Seguridad y Justicia, René Figueroa, aseguró que desde el año pasado se han desarticulado clicas completas a través del intercambio de información. Se contabilizan, sólo en El Salvador entre 10 mil a 13 mil 500 pandilleros. Aunque, otras fuentes las estiman en cerca de 20 mil.

Uno de los aspectos a discutir en esta convención son las nuevas estrategias que las pandillas utilizan para su comunicación y la relación que tienen con el narcotráfico y el crimen organizado.

Entre las formas más novedosas de comunicación que tienen las pandillas son las páginas web que poseen.

Según Figueroa, se tiene información que las pandillas salvadoreñas tienen relación con el narcotráfico en los departamentos de Sonsonate y San Salvador, en este último en los municipios de Apopa y Soyapango.

Hasta la fecha, en el sistema penitenciario se contabilizan 5 mil 700 pandilleros encarcelados y, según Figueroa, para evitar que estos sigan con su accionar, desde la cárcel, se han colocado bloqueadores de teléfonos celulares en siete centros penales del país, y que, por razones de seguridad, no dijo los nombres de los reclusorios.