Claudia Solórzano
Redacción Diario Co Latino

La Libertad de Expresión esta íntimamente relacionada con la Libertad de Prensa y el Derecho a la Información, los cuales son fundamentales para los seres humanos. Sin embargo, en El Salvador, muchas veces son violentados por la defensa de los intereses políticos y económicos de algunos grupos.

Así se analizó el tema de la Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa en un foro organizado por  la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y el Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS), en las instalaciones de la Universidad de El Salvador.

El Artículo 6 de la Constitución de la República señala que “toda persona es libre de difundir sus pensamientos”. Asimismo, el Artículo 1 de la Declaración de Principios y Libertad de Expresión destaca que “la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental, inalienable e inherente a todas las personas, además, es un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática”.

Para el Procurador de los Derechos Humanos, Oscar Luna, “la libertad de expresión no es un derecho absoluto, pues la Constitución lo limita y restringe al señalar que no debe subvertir el orden público, lesionar la moral, el honor o la vida privada de los demás”.

Es evidente que en la sociedad salvadoreña, la libertad de expresión se restringe por una serie de condicionantes que no aparecen descritas en las leyes y que coartan tajantemente muchos derechos.

Tal es el caso de los despidos injustificados de Jaime Ascencio y Gerardo Hurtado, ambos periodistas de medios radiofónicos.

“Me despidieron por preguntarle al Presidente (Elías Antonio Saca) sobre qué opinaba de los comentarios de la gente, de que él se dedica más a la política que a resolver los problemas económicos de la gente”, declaró Hurtado.

Aparentemente, el cuestionamiento incomodó al Mandatario, quien por ley, al ser un funcionario público, debe someterse al escrutinio público para que la población conozca sobre su gestión.

Con el despido se coartó la labor periodística del comunicador. Por consiguiente Hurtado asegura que “los periodistas están acorralados en los medios de comunicación, porque los dueños de estos responden a los intereses políticos y económicos de una cúpula”.

El Director del Instituto de derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Benjamín Cuéllar, asegura que decir la verdad cierra los espacios, sin embargo, es necesaria para curar a la sociedad enferma de impunidad.

Cuéllar considera que ejercer el periodismo en un medio de comunicación es difícil, y se vuelve aún peor cuando los empresarios tienen compromisos políticos partidistas ante los cuales solo queda decidir si agachar la cabeza o denunciar la opresión de los funcionarios.