Beatriz Castillo
Iván Escobar
Redacción Diario Co Latino

El Fiscal General de la República, Félix Garried Safie, prefiere guardar silencio en el caso de la violación y el asesinato de la niña Katya Miranda.

Este vespertino intentó por dos semanas conseguir una entrevista con el Fiscal General sobre el caso. Sin embargo, los encargados de prensa, informaron que no dio respuesta a la petición de este medio para hablar de la situación jurídica del proceso.

Además, durante ese margen, tampoco tuvo actividad pública.

El Caso Katya Miranda sigue parcialmente cerrado, la última petición para su reapertura la hizo el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), en el 2003.

Dos años después se presentó una nueva petición con firmas recolectadas por la madre de la menor asesinada, Hilda Jiménez, en El Salvador y los Estados Unidos.

El Viceministro de Seguridad y Justicia, Astor Escalante, quien fungió como querellante en el caso, aseguró que es importante que se redoblen esfuerzos y que se verifique si “existe posibilidad de una reapertura del caso, no necesariamente por los delitos que se han señalado, si no por otros delitos.

Habría que ver, si la Fiscalía tiene la posibilidad de reabrir el proceso”.

Escalante, al ser cuestionado sobre si existieron fallas en la investigación, indica que: “se hicieron los esfuerzos pertinentes. Es una investigación que como cualquier otra, no son completamente cerradas.

Si se analiza desapasionadamente y desidiologizado, y si no hay instituciones que estorben, se puede despejar”.

Recordó que durante el proceso, la Asociación de la Empresa Privada (ANEP), ofreció asesoría. “Ricardo Simán le ofreció ayuda, lamentablemente no la atendió. Lamentablemente también yo actué como abogado querellante cuando el caso estaba terminado y en aquel momento el elenco probatorio no tenía la base suficiente para pasar a una etapa posterior”.

“Yo tengo la impresión que alguna de las actuaciones en la investigación, en un primer momento, no se profundizaron… por lo menos con las personas que se habían sindicado”, aseguró.

Katya Miranda fue violada y asesinada, entre la madrugada del 3 y 4 de abril de 1999. La menor fue localizada a unos metros de la playa Los Blancos, en el Departamento de La Paz, donde había permanecido el 3 de abril, junto a los Miranda.

Edwin y Carlos Miranda, según consta en el proceso judicial, eran los principales sospechosos del trágico hecho.

“En aquel momento, manejaba yo la tesis como querellante, que podrían haber sido investigados los sindicados por otro delito, no necesariamente por homicidio y violación. Habían algunas bases para profundizar sobre algunos hechos”, reflexiona Escalante.

Resolver el caso está en manos de la Fiscalía
Diputados de la oposición política consideran que, el hecho de que a nueve años del asesinato de la niña Katya Miranda no esté esclarecido, es la mayor muestra de “impunidad” en El Salvador.

Oscar Kattán, diputado de Cambio Democrático (CD), dijo que “es lamentable que este caso no se quiera investigar… es el símbolo de la impunidad en El Salvador”.

Kattán reiteró que la Fiscalía ha jugado un papel “dudoso” en este caso, y dos fiscales generales no han logrado a la fecha esclarecer el hecho.

El legislador recordó que una de las razones por las cuales no votó por la elección de Félix Garried Safie, es por que durante sus aspiraciones aseguró que uno de los objetivos de su gestión era esclarecer este asesinato.

“No me convenció, por eso no voté por él. El anterior Fiscal juró y dijo que antes de concluir su período iba a esclarecer el caso y hoy vemos que el caso de Katya sigue siendo el caso más emblemático de la impunidad en El Salvador”, afirmó.

Igual postura mostró la diputada del FMLN y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Irma Amaya, quien consideró que el crimen ha quedado en la impunidad por la ineficiencia del Estado, que no garantiza el derecho de las víctima.

“Es un tema que hoy está en manos de la Fiscalía y de los tribunales competentes, porque está en la etapa meramente judicial.

Lamentamos que la Fiscalía, en casos como este y otros más, resulta que llega a una cantidad de años y son incapaces de poder, en este caso, ofrecer las pruebas necesarias para buscar y castigar a los responsables”, puntualizó la legisladora.

Agregó que el caso es una clara violación a los derechos de la niñez salvadoreña, y se suma a la impunidad que ha imperado de parte del Estado, en casos como la desaparición forzada de menores durante el pasado conflicto armado.

“Estos casos llevan al Estado salvadoreño a una situación de impunidad, es decir, que no se hace justicia y, sobre todo, en el tema de Katya Miranda, que habían tantas pruebas con las cuales la Fiscalía pudo garantizar resultados, evitar que el Estado aparezca como un país que no le presta la suficiente seriedad para perseguir a los hechores, para castigar a los responsables.

Es una actitud negligente”, puntualizó.

Guillermo Ávila Qüehl, diputado de ARENA, señaló que el caso, si bien ha dejado un sabor de impunidad en el país, las autoridades competentes deben hacer esfuerzos porque el mismo se esclarezca.

“Es un caso lamentable, en este país no debe existir impunidad, todos los delitos deberían tratar de esclarecerse. Es lamentable que en este caso no haya habido una justicia clara a las víctimas”, enfatizó.

Ineficiencia en las instituciones investigativas
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, aseguró que la impunidad en el caso demuestra “ineficiencia”. “Se sigue demostrando que en el país impera la impunidad, porque los familiares no conocen la verdad, que es un derecho, eso significa una violación grave a los derechos humanos”, explicó Luna.

A criterio del procurador, al no resolverse la muerte de Katya “se está demostrando una ineficacia del ente que tiene por Ley la facultad de investigar el delito. Falló la investigación, falló el deber de la Fiscalía y policía al no encontrar al culpable”.

Luna está consciente que, a pesar de que se está a un año para que el caso prescriba, se puede “hacer un esfuerzo para saber, quién fue el que realmente de dio muerte a Katya”. De lo contrario el país seguiría cometiendo una “flagrante violación al derecho a la vida y el derecho a conocer la verdad”.

Es un delito aborrecible que sufrió la sociedad
El Magistrado de la Sala de lo Penal, Ulises del Dios Guzmán, dijo que el asesinato de Katya es un “delito aborrecible” que sufrió la población salvadoreña y los familiares.

“Es un hecho donde nosotros no podemos negar que el delito se cometió, quedó comprobado la existencia de ese delito grosero, pero desgraciadamente no se ha esclarecido”, dijo Guzmán.

El Magistrado aseguró que, al no resolverse el caso, se demuestra que existen “imperfecciones en el sistema, en la parte acusativa e investigativa. La parte investigativa no llegó a las evidencias, a las pruebas suficientes como para que se condenara y el crimen no quedará impune”.

El administrador de justicia señaló que en el proceso existió “deficiencia o defectos de investigación, actividad probatoria, o incluso de la acusación”. Sin embargo, la posibilidad de concluir este caso existe, “sería grosero y ofensivo que el hecho quedara en la impunidad”.