Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

La existencia de una ley no garantiza la justicia por sí sola. Bajo esa realidad, los padres de familia de cientos de menores que residen a varios kilómetros a la redonda de Baterías de El Salvador, en el cantón Sitio del Niño, en San Juan Opico, La Libertad, enfrentan el desenlace de la fase de instrucción, que les permita el resarcimiento de justicia para los afectados por la contaminación con plomo.

El penoso camino para judicializar el caso ante los tribunales; las inconsistencias del requerimiento de la Fiscalía General de la República, y el alegato vigoroso y mejor construido desde la defensa de los imputados, hace tambalear la esperanza de obtener justicia de los padres de los menores contaminados,

El Artículo 3 de la Constitución de la República afirma que todas las personas son iguales ante la ley, sin condicionamientos por empleos o privilegios hereditarios. No obstante, para estas comunidades, el mencionado artículo es “letra muerta”, que les asfixia, como lo han hecho a lo largo trece años, los desechos contaminantes de la empresa de baterías.

Carlos Mejía, coordinador del Movimiento sin Plomo, afirmó que como padres de familia están decididos a salvaguardar dos generaciones de salvadoreños y salvadoreñas que residen en el cantón Sitio del Niño, exigiendo el funcionamiento de la institucionalidad. “Si debemos construir la ley … lo haremos por nuestros hijos e hijas”, advierten.

“Esperamos que en la etapa de instrucción (presentación de pruebas científicas y técnicas) la fiscalía mejore su papel, que haga los exámenes que debe y lleve los estudios, para que los acusados nos indemnicen, nos descontaminen la zona y les provean a nuestros niños y niñas un tratamiento especializado”.

Mejía, junto a otro grupo de padres de familia, cree que el informe presentado por la Corte de Cuentas sobre la responsabilidad del gobierno local, ministerios de Salud, Trabajo y Medio Ambiente, así como del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, es explícito para deducir responsabilidades.

El informe establece que el comité interinstitucional formado para dar seguimiento a un informe del Ministerio de Salud, en 2006, denominado “Contaminación por plomo en niños de 2 a 10 años en dos lotificaciones y en trabajadores de la fábrica Baterías de El Salvador”, es suficiente para dar inicio a las acciones de seguimiento y control de salud, de los contaminados con plomo fuera de lo normal.
Los testimonios se apilan por cientos, podrían sobrepasar las cinco mil víctimas.

Mientras, los únicos adultos documentados serían los trabajadores de Baterías de El Salvador, y algunos pocos, que, de forma particular, han pagado las pruebas, aunque 25 dólares es una cifra prohibitiva para muchos bolsillos.

“Estamos siendo revictimizados, hay muchas familias que, además de que sus hijos están enfermos, son amedrentadas… sabemos de unos hombres que andan en un carro haciendo fotos de la gente de la comunidad que presentaron su denuncia, tenemos el número de placa y lo vamos a denunciar junto al IDHUCA”, denunció.

Casos
María (nombre ficticio), es una madre de 32 años, tiene 7 años de vivir en el cantón Sitio del Niño, parte de ese tiempo residió a menos de 300 metros de la fábrica, cuando su esposo trabajó en la planta de Baterías de El Salvador.

De ellos, su pequeño hijo, de un año y 4 meses de edad, se queja del dolor permanente de su corazón.

“Desde que nació hubo problemas, le costó nacer, casi ahogado salió, venía en su piel con una alergia rara, nació en el hospital (San Rafael, Santa Tecla), su rodillita mala, luego a los 4 meses comenzó con su dolorcito de estómago diarreas, fiebres… le han hecho hasta radiografías y me dicen que el tumor es sólo carne y que el hueso está bien, pero el niño hace el intento por dar pasitos y no camina”.

“En la unidad de salud sólo me han dado hierro y zinc”, comentó.

María reconoce que la contaminación con plomo de su hijo, puede ser resultado a la vez, de la contaminación de ella y la del padre del menor, que trabajó en la empresa más de un año. Por cierto, el hombre se encuentra luchando por sus propios medios, para obtener en otro país, un futuro diferente para sus hijos y esposa.

“A veces se sentía muy mal y le daban incapacidad unos días, la empresa no le pagaba, ni le respondían … él se salió porque pasaba muy enfermo, y quiere darnos una mejor vida a nosotros, se fue para los Estados Unidos, ya llegó pero no ha prosperado nada… porque allá esta bien difícil para trabajar (por la ley migratoria), es que tendremos que esperar”, expresó la mujer.

A unos 500 metros, un grupo de árboles de paterno, dan sombra al hogar de doña Ana y aunque luce frutos maduros en las ramas, no los cortan para su consumo.

Saber que están contaminados y que el agua que bebieron desde hace 20 años, está contaminada con plomo, es suficiente para acrecentar sus temor a empeorar su salud y la de su familia.

Y no es para menos, Sandra, su pequeña hija de 12 años, ha sido diagnosticada por médicos pediatras del Hospital Benjamín Bloom (HBB), con un retraso moderado, que la mantiene en una edad de 4 años.

“Mi niña comenzó bien en kínder, pero ya en la preparatoria comenzó a mostrar dolor de cabecita, huesitos y se le comenzaban a olvidar las cosas. Fue hasta que estaba en primer grado que comenzó a no hacer las tareas, se le dificultaba todo, fue cuando la profesora me dio una nota y la llevé al hospital, ahí los doctores me dijeron lo afectada que está y es porque hemos consumido esta agua contaminada”, expresó.

Josselyn Mancía comparte también la incertidumbre del futuro de su pequeño Andrés Ovidio, de un año y 5 meses, que según los exámenes clínicos de sangre presenta 20.27 microgramos por decilitro en sangre de plomo.

“Mi niño pasa sin apetito, sólo cuando lo amamanto come, pasa con dolorcito de cabecita y huesos, le persisten la calentura y los vómitos, y en la Unidad de Salud, sólo le entregan hierro y zinc”, comentó.

Carlos Mejía reflexionó: “No nos vamos a rendir, vamos a buscar justicia, hasta las últimas consecuencias, no nos vamos a dejar vencer por el poder económico de la fábrica. Contaminaron la sangre de nuestros hijos e hijas, nuestro medio ambiente, entonces, tienen que pagar este crimen de lesa humanidad”, puntualizó.