Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

El procurador del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Henry Fino, consideró como “reacción tardía”, el cambio de medidas sustitutivas por órdenes de arresto a los empresarios Ronald Lacayo Argüello, Ofilio Gurdián Lacayo y Sandra Lacayo de Escapini.

Los miembros de la junta directiva de Baterías de El Salvador han sido señalados como responsables de la contaminación con plomo, en el cantón Sitio del Niño, jurisdicción de San Juan Opico, La Libertad.

Fino explicó que el cambio de medidas solicitado por la Fiscalía General de la República, ante la reiterada ausencia de los imputados es un revés a la institucionalidad investigativa y fiscalizadora del país.

“Sólo una muestra, el señor (Ofilio) Gurdián, según su abogado defensor, no se ha presentado porque se encuentra fuera del país, en viaje de negocios, es una falta total de respeto a la institucionalidad fiscalizadora, se presume que hay un delito y debe comparecer en la audiencia”, señaló.

Además dijo que las justificaciones del staff de abogados defensores era una “burla” al trabajo de la Fiscalía General de la República.

“Según sabemos, en un alegato la defensa afirmó que ellos (los acusados) no se han presentado a la audiencia, porque no confían en el sistema judicial… esto es una burla total”.

Sobre la petición de la fiscalía, Fino indicó que será el juez de la causa quien valore los alegatos de ambas partes y resuelva sobre el requerimiento fiscal y resuelva sobre el fondo de las medidas.

“Al ver la pasividad de la defensa, consideramos que es una estrategia hacia un bajo perfil en la audiencia inicial, para discutir su caso en la fase de instrucción… porque en la fase que estamos no se discuten pruebas, sino que, el juez con los documentos presentados valora si es mérito elevarlo a instrucción y resolver ahí”, analizó.

Mientras, Carlos Mejía, coordinador del Movimiento sin Plomo, consideró que la fiscalía había actuado en manera coherente, aunque muy tarde para encausar a la junta directiva de Baterías de El Salvador.

“Eso nos parece, pero ellos (Fiscalía) debe rebuscarse para que nuestras demandas de lesiones graves contra nuestros hijos e hijas, así como toda la población en general, seamos resarcidos y nos den un tratamiento médico especializado para todos… no queremos que ellos con su defensa lo lleven a una acusación absolutoria, que es que ellos pagan y se termina el caso… cuando sabemos que hay muchos menores que enfrentarán en su vida problemas a todo nivel por los daños que implica el plomo en la sangre y es un delito grave”, puntualizó.