Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

Las inconsistencias de la Fiscalía General de la República en el proceso jurídico contra la empresa Baterías de El Salvador, por contaminación con plomo en el Cantón Sitio del Niño, ha dejado serias dudas a los juristas de las organizaciones sociales sobre la capacidad de lograr una condena.

El juzgado de paz de San Juan Opico, en La Libertad, continuó con la segunda jornada de la audiencia inicial que contiene 17 piezas de documentación que deben ser presentadas antes de llegar a los alegatos finales.

Las equivocaciones en los nombres de los imputados, así como la incomparescencia de los mismos en el proceso judicial, ha motivado las dudas entre los juristas de Tutela Legal y el IDHUCA, sobre la capacidad de los fiscales.

Guadalupe de González, del IDHUCA, explicó que el Código Procesal Penal exige que los imputados comparezcan (estar presentes), de no hacerlo, sus defensores tendrán que explicar la razón al juez y a la fiscalía.

“Lo preocupante es que la fiscalía, no ha exigido la presencia de los imputados en la audiencia inicial, y la defensa no ha dado explicaciones del obstáculo insuperable, para que ellos no asistan, esto es grave”, señaló.

Mientras, el procurador del IDHUCA, Henry Fino, criticó la invisibilización de la población afectada en el requerimiento fiscal que amerita demandar al Estado en instancias jurídicas internacionales.

“Nosotros (IDHUCA) denunciamos por lesiones muy graves, y ¿qué ha requerido la fiscalía?, contaminación… eso es negar justicia a las víctimas, y es lamentable esa pasividad de la fiscalía”,
Mientras, Alejandro Díaz, de Tutela Legal del Arzobispado de El Salvador, querellantes independientes del caso, señaló que en los alegatos se podrá deducir responsabilidades..

“En el proceso se tendrán que hacer una serie de estudios médicos y científicos para probar las acusaciones. No podemos adelantarnos aún, en las consideraciones del proceso”, acotó.

La fiscalía esta confiada en su caso, Mario Antonio Huezo Cortez afirmó que tienen suficientes pruebas y esperan justicia para alrededor de 5 mil personas afectadas.

“En la etapa de instrucción ahí vamos a cuantificar y determinar el daño y como se va a reparar a cada una de las personas, como fiscalía no hemos dejado por fuera a las personas. Este caso va a depender de la complejidad del mismo, de los imputados que aparecen y la cantidad de afectados”, cerró.

El doctor Roberto Girón Flores, defensor de los imputados, argumentó que el caso en contra sus clientes, era nulo por el procedimiento que se realizó desde el cierre de la fábrica de baterías.

Acusó a los ministerio de Salud y de Medio Ambiente, del cierre imprevisto que “ha generado, a la larga, una contaminación”, aunque, afirmó que sus clientes, no son los culpables.

“ Como pueden decir que es la fábrica la que contamina, si hay otras empresas, una papelera, otra de pinturas, que generan plomo” dijo

Ajena a todos estos argumentos o del futuro de su vida, Maybely Ariana Ramírez de 1 año de edad, se queja de dolor en su estómago y cabeza, como de contínuos vómitos y diarreas, que la mantienen en un peso bajo

Su abuela Sara afirmó “a la niña le damos sus vitaminas, buena alimentación, pero los 10.1 decilitros de plomo en su sangre, no la dejan tranquila, muchas veces, me toma la mano y se la lleva a su barriguita y llora, mi hija y yo queremos justicia, queremos que nos limpien nuestro hogar, queremos otra vida»” demandó.