Vicente Chinchilla
Redacción Diario Co Latino

El Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Medioambiente (MARN), José Luis Rodríguez, divulgó ayer los contenidos ambientales del capítulo 17, estipulados en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (CAFTA-DR).

El  referido capítulo 17 contiene una serie de artículos relacionados al tema medioambiental como: niveles de producción, aplicación de la legislación ambiental, reglas de procedimientos, consejo de asuntos ambientales, oportunidades para la participación pública, entre otros.

La idea de divulgarlo, según Rodríguez, es para armonizar el plan de trabajo del MARN, con los contenidos estipulados en el artículo 17.

Según Rodríguez, el capítulo 17 funciona desde el año pasado, con el apoyo  de la cooperación de AID, ya que el tratado refiere en uno de sus  anexos  acuerdos de cooperación ambiental, donde ya se establecen un listado de temas preliminares en cuanto a la parte ambiental y una de ellas es la categorización ambiental, la cual busca facilitar el proceso de evaluación ambiental.

Rodríguez, también se refirió a la necesidad que existe de tener los niveles de legislación política adecuada, para garantizar la mayor protección ambiental.

“El Tratado de Libre Comercio en cada país debe dar cumplimiento estricto, a Legislación Ambiental Nacional.

No puede dejar de aplicarse esta legislación, para no afectar en forma negativa o positiva el comercio entre las partes”, dijo Rodríguez.

Rellenos sanitarios
En cuanto a la situación sobre los conflictos que se habían generado por los rellenos sanitarios de Cutumay Camones, ubicados en Santa Ana, y el de Villa El Carmen, en el Departamento La Unión, expresó que las partes en conflicto deberían de ponerse de acuerdo, para solventar el problema.

Actualmente el Ministerio de Medio Ambiente realiza visitas, 2 veces al mes, a cada relleno sanitario, con el objeto de verificar el buen funcionamiento de la administración de los botaderos.
Asimismo, sugirió que los municipios deben contar con una capacidad instalada, para dar cobertura y servicio a las diferentes comunidades, que así lo requieran.