Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

El Sindicato de Periodistas de El Salvador (SINPESS), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), conformaron un frente común en la defensa de los derechos humanos de los y las periodistas del país.

La inseguridad laboral, los riesgos de violencia en la profesión, y la represión en el ejercicio de la libertad de prensa y expresión, de forma institucional e incluso, desde las propias oficinas de redacción, forma el entorno de los y las periodistas salvadoreñas, en la actualidad.

Frente a este panorama estas organizaciones, pretenden crear una base de defensa de los derechos laborales, sociales y políticos; así como la denuncia de prácticas antiéticas de los propietarios de los medios de comunicación y de los funcionarios públicos de alto rango, contra los y las comunicadores sociales.

Serafín Valencia, Presidente de la APES, afirmó que era necesario revertir este tipo de prácticas, que alejan los paradigmas de un periodismo profesional, para contribuir a la democracia social.

“Con este primer conversatorio, estamos poniendo sobre la mesa las graves violaciones a los derechos de los periodistas, que rara vez se exponen públicamente, y sólo queda como simples comentarios a voz baja, en los pasillos de las fuentes que los comunicadores visitan en la búsqueda de información”, explicó.

Mientras, Indira Pineda del SINPESS, consideró que era grave, que quienes están llamados a construir una sociedad crítica y democrática, estén lejos de ejercer su propia libertad de aplicar su conocimiento y capacidad en su profesión.

“Lejos ha quedado la frase de Gabriel García Márquez, que el periodismo era el oficio más grandioso del mundo, lastimosamente los y las periodistas están presionados y si no se someten a las tendencias para los medios que trabajan, pasan a formar parte de una lista negra… desde donde son atropellados”, señaló.

Por su parte, Benjamín Cuéllar, Director del IDHUCA, reflexionó en el entorno de la situación de los comunicadores y argumentó, que las amenazas a la seguridad laboral, son tan fuertes y visibles como lo fue la amenaza a la vida, durante el conflicto civil del país, en la década de los años ochenta.

“Los crímenes de los periodistas se consideraba algo superado… pero realmente la profesión sigue, siendo un oficio difícil, donde al fallar contra los intereses del medio de comunicación, te aplican una muerte lenta, como dijo Jon Sobrino.

Ahora, se aproxima un evento electoral, que como un partido de fútbol, los y las periodistas van a quedar al medio de dos barras bravas y 2 equipos calientes y fuertes, con un árbitro (TSE), nada fiable, es un escenario difícil, porque se define el futuro del país”, comentó.

Los casos de despido injustificado expuestos de los periodistas Elder Gómez, de El Diario de Hoy; y Jaime Ascencio, de la Radio Cadena Cuscatlán, se enmarcó en la experimentación de una sistemática política de marginación desde otros medios de comunicación y entidades de gobierno.

Elder Gómez, con más de 20 años en el periodismo, reconoció que su “error” fue mencionar el nombre de un exfuncionario, con poder político y económico, en la venta “irregular” de sacos de abono, provenientes del gobierno de Japón, en forma de “donación”, para los afectados del Huracán Mitch (1998).

“Me llamó el editor en jefe, en ese momento Lafitte Fernández, costarricense, que ha sido cuestionado en su país.

Y me dijo, que había cometido el error de mencionar a este exfuncionario, cuando ya la dirección ejecutiva del periódico tenía un acuerdo con éste, de no mencionar en las notas su nombre. Este exfuncionario los amenazó con demandar al periódico… me despidieron”, narró.

Jaime Ascencio, de la radio del Estado Mayor de la Fuerza Armada, contó, que su despido se debió a un señalamiento ideológico, de su trabajo periodístico.

“La directora me dijo, que le habían dicho, que desde el programa –Comentando los Hechos- daba información en clave a la oposición política, en 1999, me despiden por 6 meses, luego, me recontratan y en mi segundo período.

Luego de 7 años, me despiden, dice la directora que es porque soy izquierdista…y no por la revaluación donde dijeron salí mal… fue una cuestión ideológica”, refirió.

Ambos periodistas reiteraron un “patrón de invisibilización” de la situación de los periodistas despedidos, entre los mismos colegas y los medios de comunicación.

Elder Gómez confirmó: “desde hace 6 años, no tengo un empleo, porque mi nombre está dentro de una “circular´, que la pasan en todas las dependencias del Estado, empresa privada y medios de comunicación, donde uno queda marcado… me han intervenido el teléfono celular, el de mi casa y me han dado persecución”.

Mientras, Jaime Ascencio dijo “no he podido encontrar empleo, soy prácticamente invisible, no sé, si todos los amigos periodistas que tenía era porque estábamos trabajando en las mismas fuentes, ahora sólo algunos me hablan y se interesan en lo pasó.

Anunció que ha iniciado un proceso legal contra la radio Cuscatlán, por el despido injustificado y por no cumplir con mi derecho laboral del pago de mi indemnización”.

Henry Fino, procurador del IDHUCA, coincidió en la necesidad de un empleo y la perversidad de los propietarios de los medios de comunicación de manipular a sus periodistas con este tipo de prácticas antiéticas.

“Hay un colega de una televisora que no quiso, seguir con su demanda de justicia, porque ya encontró otro empleo; mientras un periodista de una radio, afirmó que no participaría porque teme arriesgar el trabajo de su esposa… pero creo que los y las periodistas deben visibilizar estos problemas y fortalecer su ejercicio profesional… porque unidos, pueden marcar hitos en la historia, porque solo son más susceptibles de sufrir todo tipo de violación a su profesión y dignidad”, explicó.

En el conversatorio fue invitada especial doña Gloria Giralt de García Prieto, quien instó a los y las periodistas a luchar contra las injusticias provenientes del Estado y el sistema, que impide el desarrollo de un periodismo imparcial e independiente.

“Mi esposo y yo, éramos sólo los dos…. contra el Estado y nos hicieron la vida imposible porque demandamos de ellos la verdad y la justicia (caso Ramón Mauricio García Prieto), pero ustedes son una asociación y un sindicato, están agrupados… les invitó a defender sus derechos, para garantizar la verdad a los ciudadanos a quienes ustedes se deben”, concluyó.